Tegucigalpa – El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, (Acnur) saludó este jueves y reconoció como un avance, la entrega al Congreso Nacional de Honduras del proyecto de ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente.
El proyecto de ley fue entregado por parte de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV) y se pretende que el mismo sea presentado al pleno en los próximos días y avanzar con ello hacia la discusión y aprobación del mismo.
“El Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, reconoce este avance hacia el establecimiento de las medidas necesarias para proteger y atender las necesidades de aquellos afectados por la violencia, y prevenir el desplazamiento forzado”, subrayó el organismo internacional en un comunicado.
Desde 2016, la CIPPDV, con la participación de 14 de entidades de gobierno, cuatro organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, incluido Acnur, ha liderado el proceso de construcción de este proyecto de ley. El proyecto es consistente con los principios rectores de los desplazamientos Internos y con estándares internacionales.
Asimismo, recoge las recomendaciones del Relator Especial para los Derechos Humanos de los desplazados internos plasmadas en el informe de su visita oficial a Honduras (Julio 2016) y lecciones aprendidas en experiencias en otros países.
Este proyecto de ley es integral en la medida que define la estructura nacional para la respuesta al desplazamiento, atribuyendo roles y responsabilidades, tanto a nivel nacional como local; establece el diseño de medidas específicas de protección para las personas más afectadas; promueve la protección de bienes abandonados a raíz de la violencia y crea el Sistema de Alertas Tempranas para la prevención y protección del desplazamiento.
“Entregar el proyecto de ley a los miembros del Congreso es el punto de llegada de un proceso de más de tres años, así como el punto de partida de un sistema sólido de atención integral al desplazamiento forzado que facilitará la acción coordinada del Estado y le permitirá mejorar el impacto de las medidas de prevención del desplazamiento, proteger a las víctimas de este hecho y avanzar de manera más rápida y efectiva al encuentro de soluciones”, expresó el jefe de la oficina nacional del Acnur en Honduras, Andrés Celis.
Esta propuesta de ley entra a fortalecer todos los esfuerzos realizados hasta ahora por el gobierno de Honduras, como la creación de una comisión de carácter mixto con la sociedad para impulsar la protección de las victimas del desplazamiento; la tipificación del delito de desplazamiento forzado sometida el año pasado por la dirección de desplazamiento forzado al congreso.
Además, el establecimiento de programas de prevención, protección y asistencia; así como la definición de mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias del Estado, incluido el nivel municipal.
La discusión y aprobación de esta Ley en el Congreso abrirá el escenario de consultas con la población, con las autoridades locales y las entidades responsables para poder poner en marcha el diseño y ajuste de políticas públicas y el desarrollo posterior de los reglamentos.
La directora de Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, organización de sociedad civil miembro de la CIPPDV presente en el evento manifestó que “quisiera agradecer a los honorables diputados por su compromiso, asimismo, que nos hagan saber cuándo será presentada la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente ya que es una gran necesidad para el Estado hondureño el cual se caracteriza por su compromiso y liderazgo con las causas humanitarias, dejando ejemplos concretos de respuesta de protección y soluciones innovadoras.
Honduras es uno de seis países de Mesoamérica que se comprometieron bajo el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) a fortalecer sus sistemas de protección, incluyendo a avanzar en medidas que aborden las causas estructurales del desplazamiento forzado, como una contribución concreta al Pacto Mundial sobre Refugiados.
La entrega de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente y su esperada entrada en vigor, constituye un paso trascendental en la respuesta al desplazamiento forzado que ocurre como consecuencia de la violencia generalizada y el crimen organizado, reconocido por el Estado hondureño a través del decreto PCM 053 de 2013 y que hace parte integral del plan de acción del aniversario 20 de los Principios Rectores para los Desplazamientos Internos.