Tegucigalpa – El informe “Impacto de la violencia en 220 Centros Educativos de Tegucigalpa”, que es el resultado de consultas con los docentes de 220 centros educativos del Distrito Central, fue presentado este martes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Save the Children.
El informe, tiene como propósito visibilizar la situación de los docentes frente a la violencia y generar insumos que permitan orientar el diseño de marcos legales y políticas públicas ajustadas a las necesidades del sector en el contexto nacional. Esto incluye, la generación de medidas con un enfoque integral de protección en los centros educativos, la optimización de la inversión en el sector educación y el diseño de mecanismos de protección específicos para docentes en zonas de alto riesgo de desplazamiento.
En este sentido, Andrés Celis, Jefe de la Oficina en Honduras del ACNUR manifestó: “este documento presenta las reflexiones de los docentes en relación con los riesgos inherentes a su función en contextos extremos; su relación con el entorno y con la institucionalidad, sus propuestas para contar con las condiciones para poder continuar con su compromiso social, para continuar imprimiendo esa huella imborrable en el sector más preciado de la sociedad. Escucharlos y construir con ellos soluciones podría ser un paso positivo para ofrecer un respeto acorde con su rol en la sociedad”
Por su parte, Mariano Planells, director de Save the Children Honduras comentó que “uno de los principales objetivos de ACNUR y Save the Children ha sido construir una ruta de protección para los maestros que trabajan en contextos de violencia y que son víctimas de extorsiones, agresiones, amenazas contra su vida, pues son actores claves para el proceso de formación y cambio en cada una de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de Nuestro País”
En septiembre de 2017 ACNUR, con el apoyo logístico de Save the Children, inician el proceso de recolección de datos a través de la distribución en 220 centros educativos de un formulario que fue completado por 2,332 miembros de la comunidad educativa.
El análisis de esta información recoge los obstáculos de acceso a mecanismos de protección por parte de los docentes, los actores que son percibidos como responsables de generar soluciones, propuestas que docentes exponen a cada actor identificado, los mecanismos de protección existentes para los docentes y su efectividad y los marco legales, políticas públicas y vacíos que afectan y comprometen las condiciones de seguridad y protección del gremio.
La iniciativa se articula a los compromisos asumidos por el Gobierno de Honduras en el capítulo nacional del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) sobre las personas desplazadas por violencia, que propone el diseño de una estrategia de prevención y protección en el ámbito escolar; además de responder a las recomendaciones que el Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Chaloka Beyani realizó durante su visita a Honduras en 2015, en donde señaló “la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar y garantizar la seguridad de alumnos y maestros en las escuelas”.
Estas acciones se enmarcan en el Vigésimo Aniversario de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno.
