Hartford (Connecticut) – El mexicano Gerardo Robledo y su familia no han sabido de su padre desde diciembre. Como otros inmigrantes, Elías fue retenido en un tribunal de Connecticut para ser deportado después de que los alguaciles de la corte cumplieran una orden de Inmigración que no había sido autorizada por un juez.
La Alianza por los Derechos de los Inmigrantes y otros activistas de ese estado urgieron este viernes a sus legisladores a aprobar un proyecto que limite la cooperación de agencias del orden, como los alguaciles, con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y evitar que se repitan casos como el de la familia Robledo.
La propuesta enmendaría la Ley de Confianza de Connecticut, aprobada en 2013, de manera que no se pueda cumplir con la solicitud de las autoridades del ICE para retener a un inmigrante a menos que exista la orden de un juez, como ya ocurre en otros estados y en ciudades como Nueva York.
La Ley de Confianza establece las circunstancias en que las fuerzas del orden pueden ejecutar arrestos de inmigración, pero ciertas lagunas en su estatuto han llevado a situaciones como la vivida por el padre de Gerardo Robledo con los alguaciles.
«Mi padre se encontraba feliz, y nosotros también», dijo Gerardo, de 18 años, al recordar cuando él, sus cuatro hermanos y su madre se reunieron con el progenitor, que se había establecido años antes en el estado.
La familia huía de la violencia de su país, donde Gerardo había sufrido un agresión con arma blanca en la que resultó herido.
«Mi padre es un hombre trabajador que nos cuidaba y quería mucho», aseguró. Sin embargo, la soledad de los nueve años que estuvieron separados lo cambió, a veces se embriagaba y eso le llevó a tener algunos problemas con las autoridades.
El año pasado fue detenido por la policía y la familia quedó en una situación «difícil», sin su único sustento económico, indicó el joven en una conferencia de prensa en el Parlamento de Connecticut.
La cámara estatal realizaba este viernes una audiencia pública sobre el proyecto, que los grupos activistas esperan sea aprobado y convertido en ley por el gobernador demócrata Ned Lamont.
Tras varios meses en prisión, un juez ordenó la puesta en libertad de Elías Robledo a cambio de 200 horas de trabajo comunitario, pero su familia nunca pudo verle porque ese mismo día fue retenido en el tribunal y entregado a Inmigración, sin la orden de un magistrado.
La misión de los alguaciles, a quienes la ley federal no exige que cooperen con Inmigración, es mantener el orden en las cortes y transportar prisioneros, por lo que su acción ha generado preocupaciones en materia legal. De acuerdo con los grupos activistas, están reteniendo personas más allá del límite permitido.
Cuando una persona es arrestada, sus datos y huellas digitales pasan a un banco al que tiene acceso Inmigración, que a su vez determina si el individuo está indocumentado y emite una orden para que sea retenido y entregado a su jurisdicción.
Algunas personas quedan en libertad porque se les retiran los cargos, pagan una fianza o tienen el compromiso de regresar a una cita en el tribunal, pero la orden de retención del ICE les impide que puedan salir de una corte o de la cárcel.
Según dijo a Efe la activista Ana María Rivera, Inmigración ha emitido órdenes basadas en un perfil racial por el mero hecho de tener un nombre hispano o proceder de un país latinoamericano, lo que ha afectado también a ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con un informe dado a conocer este viernes, algunos alguaciles están cumpliendo agresivamente con las órdenes civiles de retención del ICE y manteniendo a personas detenidas mucho más tiempo que el Departamento de Corrección.
En contraste, Corrección ha adoptado un protocolo más riguroso y sólo coopera si se trata de un individuo terrorista, si ha cometido delitos graves o si la orden de retención viene acompañada de otra emitida por un tribunal, agrega el informe.
De acuerdo con el estudio, Corrección no hubiese cumplido con el 78 % de las retenciones que sí realizaron los alguaciles entre septiembre de 2016 y octubre de 2017.
Los inmigrantes y activistas pidieron también al Parlamento que modifique la legislación de sentencias por delitos menores, que en Connecticut pueden suponer hasta un año en prisión, ya que a nivel federal se considera un delito grave haber cumplido un año de prisión y eso abre también las puertas a la deportación.
