Acuerdos entre ICE y las policías locales reduce la cooperación latina

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Los activistas y abogados que trabajan con inmigrantes indocumentados argumentan que esa colaboración hace que los migrantes desconfíen de las autoridades locales, por temor a ser deportados, y como resultado sean más renuentes a denunciar delitos y a contribuir en la investigación de crímenes. EFE/Alicia L. Pérez/Archivo

Washington – Cuando las policías locales cooperan con las agencias federales de inmigración los indocumentados y sus comunidades tienden a reducir su cooperación en la denuncia e investigación de crímenes y hacer uso de la asistencia médica y otros servicios sociales, según un artículo que publica hoy The Washington Post.

El diario citó un estudio de investigadores en la Universidad Harvard, en Massachusetts, que analizaron el impacto en 2017 del aumento en las actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre la disposición de los inmigrantes latinos indocumentados a cooperar con las policías locales.

El gobierno del expresidente Donald Trump enfatizó la cooperación de las autoridades municipales y estatales con ICE para la detención y deportación de indocumentados, y denunció enérgicamente a las jurisdicciones que han adoptado «santuarios» en los cuales esa colaboración está vedada.

Los activistas y abogados que trabajan con inmigrantes indocumentados argumentan que esa colaboración hace que los migrantes desconfíen de las autoridades locales, por temor a ser deportados, y como resultado sean más renuentes a denunciar delitos y a contribuir en la investigación de crímenes.

Los investigadores de Harvard concluyeron en los condados con alta proporción de residentes hispanos y donde las autoridades locales cooperaban más con ICE las denuncias de crímenes en 2017 disminuyeron en comparación con el año anterior.

Por su parte, una encuesta entre policías y funcionarios de tribunales, llevada a cabo en 2017 por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y citada por el Post, encontró que «la policía tenía dificultades crecientes en la investigación de crímenes debido al temor de las comunidades migrantes a cualquier contacto con la policía».

En el primer día de su mandato, el presidente, Joe Biden, decretó una moratoria de 100 días en la mayoría de los casos de deportación – medida que ha sido bloqueada temporalmente por la justicia- y suspendió un decreto de Trump titulado «Fortalecimiento de la seguridad pública en el interior de Estados Unidos».

El decreto de Trump amplió los criterios para la deportación de indocumentados y enfatizó la cooperación entre ICE y las autoridades policiales locales.

«Esas políticas afectan potencialmente al menos el 18,4 % de la población estadounidense que es latina, como asimismo a los inmigrantes indocumentados tanto latinos como no latinos», señaló el diario.

El análisis del Post encontró que, en 2017, los hispanos «eran un 12 % menos propensos que los encuestados no hispanos a denunciar si habían sido víctimas de un crimen».

El diario también citó otros estudios según los cuales «las políticas de santuario hacen que las comunidades latinas estén más dispuestas a denunciar los crímenes y, en lugar de promover la salud y seguridad públicas, la cooperación activa entre las autoridades locales e ICE margina aún más a los inmigrantes indocumentados y sus comunidades».