Washington – La restricción del tránsito en la frontera de Estados Unidos con México puede ser una «medida sensata», pero el cierre puede afectar también a las personas que buscan asilo, lo que es problemático y posiblemente ilegal, señalaron este viernes expertos en migración
Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, un grupo de estudio con sede en Washington, dijo a Efe que la idoneidad del cierre parcial de la frontera acordado entre los gobiernos de Estados Unidos y México dependerá de «cómo se aplica esa medida».
La Casa Blanca anunció que como parte del cierre fronterizo por el coronavirus retornarán de «manera expedita a los extranjeros que crucen las fronteras entre los puertos de entrada, o que no tengan permiso para entrar al país».
El motivo alegado es que las instalaciones en las cuales estos extranjeros son alojados normalmente «no pueden sustentar la cuarentena necesaria».
La nueva medida, que entrará en vigencia el viernes a la medianoche, ordena además que aquellos detenidos entre los puestos oficiales de entrada al país sean enviados de inmediato de vuelta a Canadá o México.
La decisión presidencial es que los extranjeros detenidos en la frontera sean «procesados en estaciones destinadas a trámites de corto plazo», en una acción que busca proteger la salud de los agentes fronterizos y otro personal policial.
Selee alertó de los peligros que entraña esta medida para las peticiones de asilo, porque la suspensión del sistema de asilo «no está prevista ni en la ley de Estados Unidos ni en la ley internacional».
«Es un problema que se suspenda el sistema de asilo, es una medida unilateral (de EEUU) con la cual el Gobierno de México no está de acuerdo», agregó. «Pueden aplicarla por decreto, pero parece ir contra la ley».
La decisión de cerrar la frontera, medida similar a la adoptada el miércoles entre EE.UU. y Canadá para combatir el avance del coronavirus, tendrá validez durante 30 días y cerrará parcialmente una de las fronteras más activas del mundo, donde más de un millón de personas cruzan diariamente.
Según el último reporte oficial, en México hay 164 enfermos de COVID-19 y un muerto, mientras que en EE.UU. las cifras rondan los 15.000 contagios y los 200 fallecidos, según las informaciones oficiales dadas por las autoridades de los estados y territorios del país.
John McCulloug, presidente de Church World Service, vinculó algunas medidas de la Administración Trump para contener la propagación del coronavirus con la política que rechaza a quienes buscan asilo y la solicitud de fondos del Congreso para la construcción de centros de cuarentena para los migrantes.
«Las crisis ponen a prueba quiénes somos como nación», dijo McCullough. «La decisión del Gobierno es equivocada e inmoral, y pondrá vidas en peligro», opinó.
Por su parte, Mayra Macías, directora ejecutiva de Latino Victory, sostuvo que EE.UU. «vive un momento histórico que requiere unidad y empatía», mientras que Laura Rivera, directora de la Iniciativa de Libertad de Migración en el Sudeste, señaló en una declaración que la posible «negación del acceso a la protección para quienes buscan asilo no resolverá esta crisis».
«El cierre de la frontera EEUU-México será una violación más de los derechos de quienes buscan asilo bajo la ley estadounidense y la ley internacional», agregó Rivera.
Para la directora de este grupo, que forma parte del influyente Southern Poverty Law Center, el gobierno puede «examinar» a los solicitantes de asilo y transferir a centros médicos a aquellos que necesiten atención, pero sin que el cierre de fronteras afecte al sistema.
