Tegucigalpa – Luego que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunciara un incremento del 10 % a los servicios de la tarifa eléctrica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, no descartó que el mismo provoque migración forzada de hondureños.
– El Conadeh atiende un promedio anual de un centenar denuncias relacionadas al servicio de energía eléctrica, las que, en su mayoría (74.16 %), están relacionadas con problemas de atención y servicio.
El Ombudsman hondureño reconoció que la que la energía eléctrica, es un suministro esencial para la vida, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.
Al respecto, no descartó que el aumento a la tarifa de energía eléctrica provoque migración forzada de hondureños.
Además Herrera Cáceres, advirtió que el aumento al precio de la energía eléctrica tendrá incidencia en los sectores del país que viven en condiciones de pobreza y de miseria extrema.
Indicó que el aumento no solo afectará el costo de la energía eléctrica, sino que tendrá incidencia en la canasta básica, en la generación de empleo, en el desarrollo sostenible del país y en todos los productos.
El ombudsman hondureño es del criterio que el aumento a la tarifa del servicio de energía eléctrica debe hacerse tomando en consideración que se trata de un servicio público que es obligación del Estado proporcionarlo.
“Una tarifa no puede ser fijada únicamente basada en criterios técnicos, sino que también debe tomar en cuenta, principalmente, a la persona humana, que es a la que va dirigida y que, en este sentido, tiene que ser una tarifa equitativa”, manifestó.
Sostuvo que el aumento a la tarifa de energía eléctrica estaría afectando principalmente al sector más vulnerable que es la clase pobre de Honduras, que ronda por el 68% de la población, estimada en un poco más de 9 millones de personas.
Ante lo anterior, abogó para que el abastecimiento de energía eléctrica se haga con un enfoque de derechos humanos y que los sectores más desfavorecidos no sean excluidos del servicio de energía eléctrica en el país.
Hay que tomar en consideración, dijo el defensor del pueblo, que el abastecimiento de energía eléctrica tiene que hacerse con enfoque de derechos humanos y que la misma no se puede ver únicamente como una actividad que da lucro o una actividad mercantil.
Se estima que el 99.0 % de las viviendas de la zona urbana tienen cobertura por el sistema público de electricidad, mientras que el 74.7% de las viviendas rurales cuenta con el mismo.
A la población en general, el Conadeh recomendó constituir asociaciones de protección de los usuarios de la energía eléctrica que contribuyan a defender este derecho en cada comunidad.
La actual situación de país ha provocado que cuatro de cada 10 hondureños piense o desee emigrar en la actualidad.
Así lo indica el sondeo de opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), rectorado por la orden de los jesuitas de Honduras que precisa que 41.4 por ciento de la población hondureña piensa o desea emigrar a causa de situación de país en el que se suscita una crisis sociopolítica desde las elecciones generales de 2017.
“El anterior porcentaje está en consonancia con la respuesta a la pregunta sobre si algún miembro de la familia se ha ido en el último año, con un 59.2 % que respondió negativamente y un 40.8 % que aceptó que algún familiar se había ido durante el año pasado”, subraya el informe.
Es oportuno mencionar que el último trimestre de 2018, estuvo marcado, entre otros eventos, las caravanas de migrantes que se convirtieron en auténticos éxodos de miles de hondureños.
En cuanto a las caravanas migrantes que han desatado la furia del presidente Donald Trump al punto de ordenar cancelar la ayuda a Honduras, el sondeo subraya que el 62.5 % de la población es del criterio que las mismas eran inducidas por grupos y personas.
En ese mismo renglón, un 34.9 % de la población opinó que las caravanas migrantes son espontaneas.
