Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que, el estado de excepción, vigente desde diciembre del 2022, propicia que algunos agentes del Estado estarían utilizando esa investidura para infringir la Ley y violentar los derechos humanos de la población.
– El organismo defensor de DDHH atendió alrededor de 440 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos, desde que el gobierno instauró el estado de excepción para hacerle frente a delitos como la extorsión y restablecer la paz y la tranquilidad en el país.
Un recuento de los hechos establece que, el Conadeh atendió alrededor de 440 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos, desde que el gobierno instauró el estado de excepción para hacerle frente a delitos como la extorsión y restablecer la paz y la tranquilidad en el país.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh declaró que una de las preocupaciones es que esa medida se siga prorrogando, porque estas violaciones a los derechos humanos pueden ser sistemáticas y pueden acentuarse conforme transcurra el tiempo.
Explicó que los informes del Conadeh evidencian que, el estado de excepción no es una medida adecuada para atacar temas de seguridad ciudadana especialmente las que tienen que ver con el tema de la criminalidad organizada, porque no se ataca el problema de raíz, sino que de manera superficial.
El crimen organizado es un problema estructural de Honduras que data de hace varios años, sin embargo, el estado de excepción es una medida extraordinaria para situaciones extraordinarias y al ser un problema estructural no puede dar solución a ese problema.
Agregó que el Conadeh ha recomendado, en reiteramos ocasiones, al Estado hondureño, que debe adoptar una política de seguridad ciudadana que incluya un enfoque basado en derechos humanos y en género.
Detalló que, los informes evidencian como agentes del Estado realizan allanamientos con el uso desproporcionado de la fuerza e incluso los afectados reportan la perdida de objetos.
Cáceres es del criterio que el estado de excepción debería ser derogado para temas de criminalidad organizada y recordó que la misma Constitución de la República ya establece cuales son las razones, los motivos y circunstancias en las cuales se pueda adoptar esa medida.
Recordó que, en la visita in loco realizada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el 2023, señaló que el estado de excepción no es una medida sostenible en el tiempo, de igual manera se pronunciaron expertos independientes y relatores de las Naciones Unidas.
Reiteró que el estado de excepción podría propiciar que los agentes del Estado utilicen esa investidura que tienen para infringir la Ley.
Indicó que, desde el inicio del estado de excepción, una de las preocupaciones era la identificación, por parte de la ciudadanía, de los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
En el marco del estado de excepción han sido reportados casos de personas que, aparentemente, visten el uniforme de algunos agentes de la DIPAMPCO para cometer delitos y otras infracciones.
¿Cuál es la certeza, que tiene la ciudadanía, que esos agentes que tienen esa indumentaria verdaderamente sean agentes activos?, se preguntó Cáceres.
