Melilla (España) – Amnistía Internacional (AI) eleva a más de 100 las víctimas mortales de «la masacre» del 24 de junio de 2022 en la frontera entre España y Marruecos en la ciudad de Melilla, una cifra que casi quintuplica la que oficialmente dieron las autoridades marroquíes y que diferentes ONG siempre cuestionaron.
A punto de cumplirse un año de los hechos, AI lamenta que «no se ha abierto ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera» pese a que, según asegura, «ocurrieron claramente bajo jurisdicción española», por estar las vallas y los puestos fronterizos en su territorio.
Ese día, casi 2.000 migrantes intentaron saltar la valla fronteriza desde Marruecos hacia España, lo que provocó un fuerte enfrentamiento con las fuerzas de seguridad marroquíes, con 23 inmigrantes muertos, según las autoridades de ese país, mientras que España insiste en que ninguno de ellos murió «en territorio nacional».
Esta afirmación contrasta con otras fuentes que aseguran que algunos inmigrantes fueron aplastados en el lado español de la frontera y abandonados sin recibir atención médica, como afirma un documental de investigación del consorcio Light.
Amnistía Internacional defiende «la obligación de investigar todas las actuaciones que allí ocurrieron», pero en este año transcurrido «ningún funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos que provocaron la muerte, la desaparición y heridas de tantas personas».
Esta entidad eleva a más de 100 los fallecidos, basándose en testimonios de supervivientes, que apuntan a que hubo personas que murieron en el traslado en autobús desde la frontera hacia el sur de Marruecos «sin recibir ningún tipo de asistencia médica a pesar de la gravedad de las lesiones».
En total, según sus datos, alrededor de medio millar de los migrantes que intentaron acceder a Melilla fueron trasladados «a la fuerza» a zonas situadas a más de mil kilómetros de la frontera, donde «los abandonaron al borde de la carretera sin atención médica», y pone el foco en los más de 80 desaparecidos, sobre los que teme que «muchos de ellos podrían haber fallecido».
En este sentido, la ONG denuncia públicamente que «las autoridades marroquíes han obstaculizado las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas», denegando visados a los familiares para que puedan ir a reconocer los cuerpos, la mayoría de los cuales siguen en la morgue de Nador (Marruecos) un año después.
A ello se une el «absoluto desamparo» en el que se encuentran las familias de las víctimas, a las que ni España ni Marruecos han ofrecido ninguna indemnización ni ayuda para conocer el posible paradero de los migrantes que continúan desaparecidos un año después.
Ahora, las fronteras terrestres de las dos ciudades españolas (Ceuta y Melilla) que lindan con Marruecos están «blindadas» y «no ofrecen ninguna posibilidad de acceder a los puestos para solicitar asilo”, según la ONG, situación que sufren, sobre todo, personas de origen subsahariano, y que si logran cruzar la frontera, «son personas merecedoras de protección internacional» por parte de España.
Mientras, la situación de derechos humanos de las personas atrapadas en Marruecos «se ha deteriorado».
Asimismo, AI asegura que en este año «la impunidad y el oscurantismo se han perpetuado» ante la ausencia de investigaciones de España y Marruecos, que «parecen haberse puesto de acuerdo para ocultar lo que realmente ocurrió aquel día y rendir cuentas».
