Tegucigalpa– La situación de derechos humanos en Honduras es «sumamente preocupante», afirmó este sábado la organización Amnistía Internacional (AI), que pidió al Estado hondureño la liberación inmediata de ocho defensores del agua presos desde 2019 supuestamente por oponerse a un proyecto minero.
«La situación general en Honduras es sumamente preocupante desde hace muchos años», dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, en entrevista con Efe, vía zoom.
Agregó que este año «las deudas pendientes han seguido pasándole factura al pueblo hondureño, especialmente en temas de impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, que incluye el uso excesivo de la fuerza en contra de personas que protestan».
IMPUNIDAD SIGUE IMPERANDO
Guevara Rosas indicó que el cierre del espacio democrático, los múltiples ataques a la libertad de expresión, la reunión pacífica y de protesta social han venido «acumulándose» en los últimos años en Honduras, donde se han «cometido graves violaciones a los derechos humanos, personas han perdido la vida a mano de las fuerzas de seguridad», delitos que «siguen en la impunidad».
Señaló que en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, que concluirá el 27 de enero de 2022, se «siguen violentando los derechos humanos».
Guevara Rosas lamentó que los defensores de los derechos humanos siguen «bajo el acecho de una violencia que continúa a pesar de los llamados de alarma internacional».
Honduras reporta este año 17 asesinatos de defensores de la tierra, una situación que, según el cálculo per cápita, convierte al país centroamericano en el segundo más peligroso del mundo, según un informe de la organización Global Witness, citado por la directora para las Américas de AI.
COVID-19, EXCUSA PARA VIOLENTAR D.HUMANOS
«Siguen las amenazas, el acoso y debido al sistema de justicia la criminalización, continúa siendo la mayor preocupación», subrayó.
La pandemia de covid-19, que comenzó a expandirse en Honduras en marzo de 2020, ha servido como «una excusa para continuar perpetrando violaciones a los derechos humanos» en el país, señaló.
Guevara Rosas cuestionó la falta de «medidas diferenciadas» para atender las necesidades básicas de grupos abandonados en el contexto de la pandemia, y para prevenir la violencia de género.
Dijo que el nuevo Gobierno de Honduras, que encabezará la izquierdista Xiomara Castro, tendrá la «oportunidad» de poner los derechos humanos en el centro de su accionar.
Afirmó que en Honduras «no existe voluntad política verdadera» para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, a pesar de que existe una ley para ello.
DETENCIÓN ARBITRARIA
Uno de esos casos «criminalizados», según Guevara Rosas, es la detención «arbitraria» de ocho ambientalistas hondureños, por el caso conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
«Los ochos de Guapinol es un hecho más de cómo la protección de intereses económicos y políticos terminan menoscabando los derechos humanos», añadió.
Los ocho defensores del agua están presos desde finales de agosto de 2019, acusados de delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol.
Según Amnistía Internacional, los ocho ambientalistas son «presos de conciencia porque están en prisión por defender el derecho al agua potable, la protección del río Guapinol».
«Este caso se trata de una criminalización por la defensa de los derechos humanos, por lo que deben ser liberados inmediata e incondicionalmente», subrayó Guevara Rosas.
Este caso demuestra que «la justicia se ha parcializado y responde a los intereses económicos y políticos de una élite que ha controlado no solo las instituciones del Estado y ha hecho rienda suelta de la incapacidad de protección para despojar de territorios ancestrales a grupos indígenas y garífunas», apuntó la representante de AI.
