Tegucigalpa – Al menos 21 niñas y niños, en condición de desaparecidos, registró el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre enero del 2021 y octubre del 2022, la mayoría de ellos por causas desconocidas, según datos revelados por la Unidad de Estadísticas de ese ente estatal.
– Durante ese período, el Conadeh atendió 18 quejas en las que, los familiares denunciaron la desaparición de 14 niñas y siete niños.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre lamentó que la violencia delincuencial, que se vive en el país, tenga un fuerte impacto sobre el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de la niñez, dado que esta población corre un riesgo permanente de ser víctima de la inseguridad y la conflictividad social.
Indicó que la desaparición de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en un flagelo que ha cobrado muchas víctimas en el país.
En el informe, la Unidad de Estadísticas del Conadeh detalla que, durante el periodo objeto de análisis, se atendieron 18 quejas de las familias afectadas, con un saldo de 21 niños, menores de 18 años desaparecidos, de los cuales, el 67 % son niñas y el 33 % niños.
De acuerdo a las denuncias atendidas por el Conadeh, la desaparición de niños afecta en mayor medida a los que tienen edades que oscilan entre los 7 y los 15 años, al reportarse 13 casos que representan el 62 %, también desaparecieron dos niños menores de un año y 6 casos sin registro de la edad de los desaparecidos.
Otro de los hallazgos del informe es que, en el 57 % de los casos, la causa es desconocida por los familiares, mientras que, en un 24 % se involucra a uno de los padres como el principal responsable.
Otro dato que llama la atención es que en el 10 % de los casos, las niñas y los niños desaparecieron luego de salir del centro educativo al cual asistían de manera diaria. Además, un 5 % de las desapariciones están relacionadas al uso de las redes sociales y otro 5 %, por causa del trabajo infantil.
Al menos, 9 de los 18 departamentos del país, fueron escenario de niñas y niños desaparecidos, según las denuncias atendidas por el Conadeh, 3 en Comayagua, 3 en Francisco Morazán, 3 en Intibucá, 3 en Olancho, 2 en Atlántida, 1 en Colón, 1 en Gracias A Dios, 1 en Ocotepeque y 1 en Yoro.
No se descarta que los niños sean víctimas de redes de tráfico de personas
Los testimonios de las víctimas son variados, hay casos en los que el niño o la niña se le dio en confianza a una persona conocida pero que la madre no volvió a saber de su paradero. También hay casos donde los niños entablan conversación por celular, con personas desconocidas y, al ser regañados, por sus padres, optan por irse del hogar, sin que se conozca después su paradero.
Otros casos están relacionados con niños que salieron de su vivienda a comprar a una pulpería o a un supermercado y fueron raptados por personas que, posiblemente, conocieron en las redes sociales pero que, eran desconocidas para sus familiares. No se descarta también que algunos niños sean víctimas de las redes del tráfico de personas.
Una docena de instituciones trabajan en el Reglamente de la Ley AMBER
En respuesta y para hacerle frente a este flagelo, en diciembre del 2016, fue publicada, en La Gaceta, la Ley de Alerta Temprana (AMBER), cuya finalidad es la búsqueda, localización y resguardo inmediato de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, raptados, sustraídos o secuestrados.
El Sistema de Alerta AMBER implica la ejecución de un conjunto de acciones coordinadas y articuladas entra las instituciones para agilizar la búsqueda, localización y resguardo del niño.
De acuerdo a la Ley, la Secretaría de Seguridad es la institución responsable de operar el plan y determinar si procede o no emitir la alerta para que la población conozca sobre la desaparición o el secuestro de un niño.
La Defensora del Pueblo, Blanca Izaguirre indicó que en este tipo de acciones se debe tomar en cuenta el interés superior del niño y la celeridad con que se debe actuar para salvaguardar su vida e integridad.
Explicó que, el Conadeh junto a organizaciones estatales, gubernamentales y representantes de la empresa privada, medios de comunicación y organismos de la sociedad civil, trabajan en un reglamento, con el propósito de establecer normas y procedimientos a seguir en la Ley de alerta temprana AMBER y ayudar en la búsqueda de niños desaparecidos.
Es indispensable la creación de normas para tomar medidas preventivas y evitar que se continúen cometiendo acciones delictivas y se siga dañando a más niños, concluyó.
Se estima que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) registró, en lo que va del 2022, al menos, 244 denuncias por la desaparición de personas, de las cuales 6 eran niños y 20 niñas, a nivel nacional.
