Managua – Al menos 545 muertos y 4.533 heridos deja la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril pasado, en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, informó hoy la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
El número de víctimas, que es superior a las 535 reportadas por la ANPDH el 10 de noviembre pasado, está incluido en un informe «preliminar de las consecuencias de la protesta cívica nicaragüense como un derecho humano», explicó el secretario ejecutivo del organismo humanitario, Álvaro Leiva.
La cantidad de heridos también se elevó de 4.353 a 4.533 en lo que va de noviembre, de acuerdo con la organización, critica con el Ejecutivo.
El Gobierno de Nicaragua hasta ahora ha reconocido 199 muertos durante este crisis, que cataloga de intento de golpe de Estado que ya fue derrotado.
Asimismo, el organismo humanitario reportó 1.315 ciudadanos «secuestrados» por grupos paramilitares, y los mismos se encuentran desaparecidos o encarcelados injustamente.
Además, que 472 manifestantes antigubernamentales han sido liberados por gestión de la ANPDH y de la Iglesia Católica, que actúa como testigo y mediador de un diálogo nacional que se encuentra suspendido desde julio pasado.
Otros 20 oficiales de la Policía Nacional han sido liberados por la mediación de ese organismo y el Episcopado, añadió.
Por otra parte, esa ONG registra 47 viviendas destruidas por grupos paramilitares en el marco de la crisis, y que otras 40 casas han sido asediadas y saqueadas por policías y grupos armados no autorizados.
Nicaragua vive una crisis social y política desde el 18 de abril pasado, que ha dejado al menos 325 según ha contabilizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 19 de octubre alertó, junto el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y doce países del continente, de un aumento de la represión con un mayor número de detenidos en las protestas contra Ortega.
Los organismos humanitarios locales sostienen que en Nicaragua hay al menos 610 «presos políticos», en tanto el Gobierno afirma que hay 273 detenidos y a los que tilda de «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Ejecutivo de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, entre otros, acusaciones que el presidente Ortega rechaza.
Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social, que fueron anuladas, y pasaron a ser una exigencia de renuncia del presidente Ortega, con 11 años consecutivos en el poder, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
