San Diego (CA) – Congresistas del subcomité de asuntos exteriores para África y representantes de organizaciones defensoras de los migrantes criticaron este viernes en la frontera la política de enviar a solicitantes de asilo a México así como el racismo que enfrentan los migrantes africanos en territorio mexicano.
«Hay un secreto a gritos en México, que hay mucho racismo; discriminan contra los indígenas y también contra las personas africanas», dijo el congresista Juan Vargas, de San Diego.
Una delegación de cinco congresistas estadounidenses cruzó la frontera hasta la ciudad mexicana de Tijuana, donde se entrevistaron con unos 40 migrantes de países africanos, en su mayoría de Camerún y de Sierra Leona.
«Me sentí muy dichoso de haber entendido las historias que contaron con sus propias palabras y a través de sus lágrimas, del racismo que tienen que soportar en México, sobre el que tenemos que hacer algo», dijo en posterior conferencia de prensa el congresista Vargas.
La directora ejecutiva de la Alianza Negra para una Inmigración Justa, Nana Gyamfi, informó que los migrantes africanos y en general negros «son invisibles para el gobierno de México; nadie sabe cuántos hay pero (organizaciones sociales) calculan que pueden haber hasta diez mil migrantes entre Tapachula, en la frontera con Guatemala, y la frontera con Estados Unidos».
Gyamfi destacó que la presión del presidente Donald Trump y la amenaza de aumentar los aranceles a México «obligó a cambiar la política liberal de México por una lamentable política de migración».
La directora de la organización comentó que además de sufrir discriminación los migrantes africano enfrentan la barrera del idioma, lo que los hace más vulnerables.
El congresista Juan Vargas expresó que los migrantes que llegan de países africanos deberían de tener prioridad para solicitar asilo ante autoridades estadounidenses.
Un ex funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que trabajó como oficial de entrevistas a migrantes que solicitaban asilo, Douglas Stephens, urgió al subcomité a exigir cambios en la política de aceptación de asilados y refugiados.
Stephens dijo en la rueda de prensa que renunció a su cargo «luego de comprender que la política de la Administración Trump lo que quería era acabar con la política de asilo» mediante el programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).
Implementado desde enero, a través de este programa, conocido como «Permanecer en México», se envía a ciudades fronterizas mexicanas a los migrantes para que esperen las resoluciones de sus peticiones de asilo.
La abogada Kate Clark, de Servicios Familiares Judíos de San Diego, dijo que actualmente menos del 2 % de los migrantes en el programa MPP tiene representación de abogados, «que es un requisito indispensable para que las cortes de migración comprendan las circunstancias y otorguen asilo».
Por su parte la directora de Defensa Legal de Amnistía Internacional (AI) Estados Unidos, Charanya Krishnaswami, dijo al subcomité que todos los migrantes enfrentan en México situaciones lamentales, especialmente al sur de la frontera de Texas.
«En un campamento en cientos de tiendas de campaña, miles de personas, muchas de ellas familias con bebés, sobreviven fríos y mala alimentación y encierro» mientras esperan oportunidades de solicitar asilo o de pasar a Texas a entrevistas y audiencias de migración.
La dirigente de AI, dijo que la política de la Administración Trump de obligar a los migrantes a permanecer en México «ha generado condiciones inhumanas».
La visita de los legisladores se da el mismo día en el que el diario The Washington Post informó que las autoridades federales están ampliando este programa al área de Tucson, en Arizona, desde donde se enviarán a los indocumentados a Texas para desde ahí remitirlos a Ciudad Juárez (México) a esperar sus casos de asilo.
