Miami – Organizaciones civiles alertaron este miércoles que la nueva ley de Florida que obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores a través de la plataforma federal E-Verify afectará también a la empresa privada, trabajadores con permiso legal e incluso ciudadanos estadounidenses.
La ley cobró hoy vigencia tras la firma este martes del gobernador, Ron DeSantis, pese a la resistencia de los sectores de la agricultura y el turismo, los dos principales motores de la economía en el «estado del Sol» y ampliamente afectados por la pandemia del coronavirus.
«En medio de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, esta ley es lo último que necesitamos en este momento», se lamentó Carrie Boyd, asesora política del Fondo de Acción del Southern Poverty Law Center (SPLC).
Si bien esta ley no exige que las empresas privadas utilicen E-Verify, les impide recibir incentivos de desarrollo económico, detalló Boyd.
El SPLC indicó que de esta forma la ley «penaliza a los empleadores privados que no lo utilicen al prohibirles recibir incentivos de desarrollo económico».
Boyd subrayó que de esta forma más empleadores utilizarán dicha base de datos, que además «es conocida por su mal funcionamiento».
La nueva ley exige que los empleadores públicos de Florida, incluidos los municipios, los gobiernos locales y cualquier escuela pública, colegio o universidad, verifiquen que sus empleados sean elegibles, incluso los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Florida dijo que los fallos y demoras de E-Verify a la que se enfrentan ahora los empleadores pueden provocar que los trabajadores autorizados y ciudadanos estadounidenses puedan ser despedidos o que se les retiren las ofertas de empleo «por causas ajenas a su voluntad».
Ambas organizaciones manifestaron que muchos empleadores simplemente se negarán a entrevistar o contratar inmigrantes legales para evitar posibles conflictos con las autoridades federales.
«Esta ley dañará de manera desproporcionada y discriminatoria a los inmigrantes negros y morenos y a las comunidades de color», se quejó Boyd.
«Inevitablemente, este requisito abrirá las puertas a prácticas discriminatorias por parte de los empleadores que dañarían a las comunidades de color y a los inmigrantes», se lamentó Micah Kubic, director ejecutivo de ACLU Florida.
Entre tanto, la legisladora estatal republicana Heather Fitzenhagen se mostró este miércoles «orgullosa» de impulsar esta iniciativa al considerarla «un paso en la dirección correcta hacia la reforma de la inmigración ilegal en Florida».
En Florida, donde una de cada cinco personas no nació en Estados Unidos, es fundamental que todas las personas en nuestro estado puedan vivir, trabajar y viajar sin temor a la discriminación, subrayó ACLU de Florida.
