Tegucigalpa – Un nuevo incremento en los precios de los combustibles, que entrará en vigencia el este lunes 27 de julio, ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la Asociación de Defensores de los Consumidores Artículo 19, que lo califica como un “trancazo” injustificado para la economía de los hondureños.
El presidente de la organización, Darwin Ponce, señaló que el alza resulta “grosera” y reiteró que el Gobierno continúa sin revisar la carga impositiva aplicada a los combustibles, uno de los factores que inciden directamente en el precio final al consumidor.
Sin justificación para nuevos aumentos
Ponce cuestionó el comportamiento de sectores comerciales que en meses anteriores elevaron los precios de productos y servicios argumentando el encarecimiento del combustible, pero que no los redujeron cuando este registró rebajas recientes superiores a los L.20 por galón.
En ese sentido, advirtió que ahora no existe justificación para trasladar nuevamente incrementos al consumidor final, por lo que pidió a las autoridades mayor vigilancia para evitar abusos en el mercado.
El representante de los consumidores también puso en entredicho las proyecciones del Banco Central de Honduras, que sitúan la inflación alrededor del 4 %, al considerar que estas no reflejan el verdadero costo de vida.
Explicó que los cálculos oficiales se basan en una canasta limitada de productos, mientras que la realidad del consumo incluye más de 270 artículos, lo que —a su criterio— genera una distorsión en la medición de la inflación.
Canasta básica sigue al alza
De acuerdo con estimaciones citadas por la organización: la canasta básica pasó de L.14,500 en diciembre de 2025 a cerca de L.16,000 en junio de 2026. Otros cálculos internacionales la ubican incluso por encima de los L.17,000.
Estas cifras contrastan con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, que sostiene que el incremento anual ha sido mínimo, lo que fue rechazado por el dirigente.
Ponce también criticó a la Dirección de Protección al Consumidor, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, al considerar que sus análisis no reflejan la realidad nacional al basarse en mercados específicos y no en la totalidad del comercio informal y formal del país.
Ante ello, propuso la creación de un instituto independiente que garantice mayor objetividad en la defensa de los consumidores.
El dirigente concluyó que existe una desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la situación que enfrentan los hogares hondureños.
Advirtió que el aumento en los combustibles ejercerá presión sobre los precios de la canasta básica, en un contexto donde “la realidad económica del país termina desmintiendo cualquier narrativa oficial”.
