Tegucigalpa – Una encuesta realizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), concluye que las amenazas de muerte, el reclutamiento de pandillas, la extorsión y otras formas de violencia selectiva están impulsando a más familias del norte de Centroamérica a huir de sus hogares y buscar protección en otros países.

Casi el 20 por ciento de los más de 3 mil 100 entrevistados que se desplazaron en unidades familiares identificaron la violencia, incluidas amenazas de muerte, extorsión, reclutamiento de pandillas y la violencia doméstica, como la razón principal detrás de su huida.

En ese orden, más del 30 % de los niños no acompañados encuestados identificaron algún tipo de violencia como el principal detonante de su desplazamiento, lo que a su vez afectó su capacidad para acceder a los servicios esenciales, incluida la escuela.

Los resultados de la encuesta ayudan a explicar la dinámica detrás del alarmante aumento de 456 % en las unidades familiares detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos de América el año pasado. Este número se disparó de casi 77 mil 800 familias en 2018 a más de 432 mil en 2019.

“El cambio en las dinámicas de desplazamiento forzado desde el norte de Centroamérica refleja una compleja realidad en los países de origen, donde familias enteras están amenazadas y huyen juntas para encontrar un lugar seguro”, dijo Giovanni Bassu, Representante Regional de Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, para Centroamérica y Cuba.

En comunidades caracterizadas por violencia extrema, ataques de pandillas y actividades delictivas, los hombres, mujeres y adolescentes del norte de Centroamérica son particularmente vulnerables. La violencia, especialmente las amenazas de muerte asociadas con el reclutamiento, afecta directamente a los niños y adolescentes.

Los niños entrevistados describieron enfrentarse a varios factores de desplazamiento, incluidos diferentes tipos de violencia y la falta de oportunidades y servicios en sus países. Los adultos describieron haber recibido amenazas de pandillas dirigidas a toda su familia, lo que llevó a muchos a huir de su comunidad con todos sus hijos e hijas para no dejarlos en riesgo.

“Muchas personas del norte de Centroamérica están literalmente corriendo por su vida mientras las pandillas atacan a familias enteras, incluidos niños y niñas, obligándolos a huir”, indicó  Jean Gough, Directora Regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para América Latina y el Caribe.

 “No dejan a ningún familiar atrás porque temen represalias de las pandillas en las comunidades. Ahora, después de que la COVID-19 y dos devastadores huracanes azotaron Centroamérica, es probable que el aumento de la pobreza y la violencia hagan que más familias abandonen sus hogares en las próximas semanas y meses”, continuó.

A finales de 2019, más de 800 mil personas de El Salvador, Guatemala y Honduras habían buscado protección dentro de sus países o habían cruzado fronteras internacionales en busca de asilo para escapar de amenazas interrelacionadas, incluidos niveles crecientes de violencia y persecución de pandillas, entre otros factores. Si bien algunas mujeres y niñas jóvenes son víctimas de violencia sexual y de género perpetuada por pandilleros, los hombres jóvenes son explotados con fines delictivos, incluido el tráfico de drogas, o son reclutados por completo en grupos delictivos.

Durante la pandemia de COVID-19, las estrictas restricciones al movimiento y el cierre de fronteras han limitado las opciones para que las personas huyan del peligro, particularmente en los países del norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. Al mismo tiempo, las muchas formas de violencia y persecución que han provocado el desplazamiento forzado en esta región durante años han continuado y, en algunos casos, se han agravado durante el confinamiento.

Con base en lo anterior, ambos organismos internacionales realizaron un llamado a los Estados para que cumplan con sus obligaciones internacionales relacionadas con garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos a las personas obligadas a huir de su país o comunidad de origen durante todas las etapas del desplazamiento, enfatizando los derechos de las personas con necesidades específicas de protección; y a asegurar que los niños, niñas y adolescentes desplazados sean tratados como niños ante todo, y que su interés superior se sitúe en el centro de todas las respuestas y decisiones que los afecten, ya sea que viajen solos o con sus familias.