Tegucigalpa – El pasado 03 de mayo el Congreso Nacional aprobó, por unanimidad de votos, la suspensión por 90 días del cobro que hace el Instituto Nacional de Migración (INM) a los ciudadanos extranjeros que cruzan el país de forma irregular, este 03 de agosto se cumplen 3 meses (90 días) sin sancionar, por lo que el mismo no se puede aplicar.
Proceso Digital consultó a varios expertos del tema migratorio y coincidieron que no existe otra explicación más que falta de voluntad política ya que en otros decretos que beneficia a la clase política basta 24 horas para que el mismo sea sancionado y publicado en el diario oficial La Gaceta.
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Entre tanto, los extranjeros irregulares en territorio hondureño deben pagar una multa de 5 mil 789 lempiras con 76 centavos, un promedio de 236 dólares por persona adulta como sanción administrativa por ingreso irregular al territorio nacional.
Ya no tiene sentido
En conversación con Proceso Digital, Kenia Zerón, representante de la Red de Promotores y Defensores de Derechos Humanos, señaló que ya no tiene sentido la sanción y publicación del decreto, ahora se debe pensar en reformar la ley ya que el decreto solo es temporal.
¿Por qué aprobar una amnistía migratoria por tres meses cuando se puede hacer una revisión de la ley para que los migrantes sean exonerados de pago o se les aplique una cuota más baja?, cuestionó la defensora de derechos humanos que permanece en la ciudad de Danlí donde a diario llegan cientos de migrantes de distintas nacionalidades procedentes de Nicaragua.
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“Ya no tiene sentido sancionar la ley”, razonó al tiempo que dijo que si se hubiese sancionado y publicado el decreto de amnistía migratoria en tiempo y forma este 03 de agosto se vencería el beneficio y regresaríamos a la realidad actual.
La propia sanción administrativa no tiene sentido ya que el migrante que no la puede pagar solo deben esperar por varios días hasta ser entrevistado por vulnerabilidad y ser exonerado.
Beneficio sin legalidad
Los migrantes gozan del beneficio de exoneración del pago de la multa, pero no en la legalidad, expuso Zerón.
Explicó que el pago de la sanción administrativa lo hacen quienes pueden, pero el migrante irregular que no puede pagar los 236 dólares debe esperar varios días a ser entrevistado por vulnerabilidad.
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Con la amnistía migratoria se legaliza este beneficio, ahora se goza del mismo, pero no en la legalidad, externó la defensora de derechos humanos.
Quienes pagan la sanción hacen más rápido su paso por el territorio hondureño, pero quienes no pueden deben esperar varios días a ser entrevistados, apuntó.
“Ha realizado el pago el migrante que dice yo no quiero esperar, paga y se va. El resto debe esperar a ser entrevistado por vulnerabilidad, reciben la exoneración pero no en la legalidad”, zanjó.
Falta de voluntad política
De su lado, la abogada Elsy Reyes, representante de la defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), dijo a Proceso Digital que no existe otro argumento más que falta de voluntad política.
“Es una cuestión de voluntad política, incluso una ley puede tener una duración entre tres y 10 días para su sanción y publicación”, manifestó la letrada.
A pesar de los múltiples compromisos de un presidente no pueden pasar más de 10 días o dos o tres meses sin sancionar una ley y eso es lo sorprendente con esta amnistía migratoria.
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“Nos preocupa que no estamos viendo esa solidaridad con los migrantes en tránsito que son personas en condición de vulnerabilidad”, apostilló.
Basta con ir a las oficinas de migración de la ciudad de Danlí un día lunes y se puede observar hasta mil 800 migrantes agrupados esperando para ser atendidos.
“Es un tema de voluntad, cuántas leyes han sido aprobadas por el Congreso y al día siguiente ya está publicada en el diario oficial La Gaceta, pero llama la atención las razones por la que esta amnistía migratoria no se sanciona”, subrayó.
Contradicciones entre el discurso y la acción
De su parte, Andrea Portillo, coordinadora de la Organización No Gubernamental Cristosal en Honduras, dijo a Proceso Digital que la no sanción de la ley de amnistía migratoria por 90 días ejemplifica las contradicciones entre el discurso y la acción por parte de las autoridades hondureñas.
“Esto es lamentable, ahí es donde vemos las contradicciones entre el discurso y la acción”, externó al tiempo que pidió coherencia a las actuales autoridades del país.
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Se debe brindar apoyo y debe existir coherencia en favor de las personas más vulnerables, en este caso los migrantes en tránsito por el territorio nacional.
Consideró que al no aplicarse la sanción al decreto que exonera por 90 días de la sanción administrativa se está vulnerando los derechos de los migrantes en tránsito.
Honduras, país con doble discurso
A criterio de la coordinadora de la organización de la sociedad civil Honduras es un país con doble discurso, por una parte pide protección para sus migrantes, pero no la brinda para los migrantes en tránsito.
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“Considero que es una falta de coherencia entre el discurso y la acción, el Estado de Honduras es responsable de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional”, acentuó.
Independientemente de su nacionalidad el Estado está obligado a brindar protección a cualquier persona dentro de la geografía nacional, agregó.
El cobro de la sanción administrativa es una violación a los derechos humanos de las personas en tránsito por el país y se constituye como un obstáculo más a los migrantes que antes de llegar a Honduras ya han recorrido grandes distancias, cerró.
