Tegucigalpa – La extensión del estado de excepción compromete la responsabilidad internacional del país en materia de derechos humanos, advirtió este miércoles el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
Este miércoles, el Conadeh brindó una conferencia de prensa sobre la aplicación y los resultados de la implementación del estado de excepción.
“La ampliación de esta medida por períodos prolongados en el tiempo comprometería la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos”, dijo la delegada adjunta del Conadeh, Yumila Díaz.
Reconoció que la extorsión y los delitos conexos y la distinta gama de actos violentos impulsados por parte de diferentes grupos del crimen organizado han afectado y obstaculizado la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Aunque señaló que pese al estado de excepción la extorsión y los delitos conexos permanecen con una gran interrogante.
Díaz consideró que el estado de excepción debe comprenderse como una medida excepcional para situaciones excepcionales.
Argumentó que la extensión del estado de excepción por 45 días no se puede justificas porque una aparente aceptación demográfica.
Mientras que la delegada adjunta II, Jennifer Pineda Matamoros, cuestionó que las cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad cuenta con una discordancia considerable frente a lo que el Conadeh pudo verificar.
Mencionó que la Secretaría de Seguridad presenta cifras de 652 detenciones del 6 de diciembre de 2022 al 4 de enero, sin embargo, reveló que el Conadeh solo pudo comprobar 159 personas capturadas.
La funcionaria del Conadeh señaló que muchas de las detenciones fueron por faltas a la autoridad y escándalos en la vía pública y no puede ser considerada como un vínculo al crimen organizado.
Externó su preocupación por que puede manejarse como un error o una manipulación de la información.
Pineda Matamoros estimó que el 60 % de las intervenciones policiales reportadas tuvieron lugar en localidades distintas a las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula.
Remarcó que la suspensión de garantías no es necesario para hacer intervenciones policiales.
