Houston (TX) – El condado Harris, el más grande de Texas y donde se asienta la ciudad de Houston, pondrá en marcha un fondo de defensa legal para inmigrantes indocumentados detenidos y en pleno proceso de deportación, de acuerdo con una propuesta aprobada este martes.
La propuesta, presentada por la jueza administrativa del Condado Harris, Lina Hidalgo, obtuvo tres votos en favor y dos en contra por parte de la Corte de Comisionados del Condado, que ella preside.
«Sé que no puedo efectuar cambios a las políticas federales, pero sí podemos ayudar a los inmigrantes a obtener una representación judicial mientas navegan este sistema que es para muchos nuevo y complicado», señaló Hidalgo ante el pleno de la Corte de Comisionados.
La magistrada administrativa agregó que este fondo de defensa legal, que tendría un costo anual de medio millón de dólares, no solo reduciría el número de arrestos y deportaciones, sino que también brindaría imparcialidad al sistema jurídico.
Según Hidalgo, el programa tardará unos meses en implementarse. De esa manera, los inmigrantes indocumentados contarán con las mismas herramientas que cualquier otra persona jurídica para defenderse.
«El derecho a la justicia no puede ser solamente una consigna; debe ser también una responsabilidad moral y ética», enfatizó Hidalgo, quien dijo haber visitado varios centros de detención migratorios de la región. «Y he visto a las mismas mujeres y niños sumidos en la tristeza que vemos en las imágenes de televisión, que no tienen otra opción que comparecer solos en las cortes, sin un abogado», agregó.
Es el caso de Ángela Lamús, madre soltera de dos niñas y natural de El Salvador, que al igual que decenas de personas se dieron cita para apoyar la propuesta y dar a conocer su experiencia.
«Por no tener los recursos necesarios para pagar un abogado, tuve que asumir mi defensa sola en un país cuyas leyes no entendía. Estoy a punto de ser deportada y separada de mis hijas», declaró Lamús, quien pidió la aprobación del fondo legal.
Andrea Molina, mujer transgénero y directora de la Organización Latina de Trans en Texas, dijo que la propuesta ayudaría a subsanar las desigualdades sistemáticas a las que se enfrentan miembros de la comunidad LGTBQ que se encuentran bajo custodia.
«Nuestro colectivo sufre porque los centros de detención de inmigración no cuentan con los recursos legales y de salud necesarios para atenderlos», observó Molina.
Pero no todos están de acuerdo. «Los contribuyentes en Texas pagamos cerca de mil millones de dólares al año por el costo de los crímenes y delitos cometidos por los inmigrantes indocumentados. No es justo que sigamos subsidiándolos con nuestros impuestos», expuso María Espinoza, fundadora de The Remembrance Project, que tiene como finalidad dar a conocer los crímenes en que han participado indocumentados.
Por su parte, Makayla Rodríguez, de la organización Mi Familia Vota, cuya función es promover la participación electoral, instó a los comisionados a votar en favor de la medida para reducir la inseguridad de muchos estudiantes y «soñadores» que no tienen protección legal.
«Estos jóvenes no merecen vivir con el temor permanente de enfrentar una deportación por un error administrativo o porque sus padres los trajeron consigo cuando eran pequeños», expresó Rodríguez.
Según cifras oficiales, en Harris viven cerca de 412.000 inmigrantes indocumentados que conforman el 10% de la fuerza laboral del condado. Además, uno de cada cinco menores de edad cuenta con uno de los padres en una situación migratoria irregular.
