Los Ángeles – Una semana después de que se presentaran los argumentos ante el Tribunal Supremo, el programa Acción Diferida (DACA) recibe ataques que tratan de debilitar la imagen del amparo migratorio que beneficia a unos 700.000 «soñadores», advierten defensores de los migrantes.
«Hay una intención ‘satánica’ de crear una falsa narrativa sobre los ‘soñadores’, es una estrategia típica del presidente (Donald) Trump de descalificar a sus oponentes», dijo este martes a Efe el profesor de la Universidad estatal de California en Long Beach Armando Vásquez Ramos.
El académico, quién impulsó el primer programa de estudios internacionales para que «soñadores» viajaran a sus países de origen, advierte que los próximos meses los «soñadores» deberán enfrentar una campaña de desprestigio por parte del Gobierno Trump y sus aliados.
La escalada de los ataques arreció con un reciente informe del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en el que se detalla el historial de los arrestos a indocumentados que habían solicitado DACA.
De acuerdo a USCIS, cerca de 110.000 de los 889.000 solicitantes del amparo (12 %) tenían registros de arrestos.
La cifra incluye a los migrantes a los que les fue denegado el beneficio y no establece si fueron hallados culpables por estos arrestos, que incluyen paradas de tráfico y otros relacionados con inmigración.
El abogado y «soñador» Luis Cortés subrayó a Efe que las estadísticas publicadas por la agencia gubernamental sobre los solicitantes de DACA «son engañosas y tienen la intención de justificar los comentarios odiosos del presidente Trump».
La semana pasada Trump calentó el debate con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que «muchas de las personas en DACA ya no son tan jóvenes y están lejos de ser ‘angelitos'».
El director saliente de USCIS, Ken Cuccinelli, defendió la publicación de datos argumentando en un comunicado que, como DACA sigue siendo tema de debate público y litigios en curso, están comprometidos en «garantizar la transparencia y que el pueblo estadounidense esté informado acerca de quienes reciben DACA».
«El DHS (Departamento de Seguridad Interna) intenta describir a los beneficiarios de DACA como delincuentes como pretexto para terminar con el amparo», insistió Cortés, que hace parte del equipo de abogados defensores del amparo frente al Supremo, que está previsto que emita su fallo en el primer semestre de 2020.
El jurista recalcó que los «soñadores» deben pasar una rigurosa verificación de antecedentes, que, dijo, es superior a la que se ven sometidos aquellos que compran armas.
Por su parte Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), indicó que «USCIS está jugando con números y palabras: un arresto no es una condena. En este país, uno es inocente hasta que sea condenado en un tribunal de justicia».
El grupo conservador Centro para Estudios de Inmigración (CIS), con sede en Washington, también decidió entrar esta semana en el debate sobre DACA.
En un análisis publicado este lunes el grupo asegura que más de 1,1 millones de jóvenes indocumentados son ahora elegibles para beneficiarse de DACA.
«A medida que estos jóvenes inmigrantes ilegales aumenten en número, la probabilidad y el alcance de los futuros programas de DACA también aumentarán», señala en un comunicado esta organización que promueve un mayor control a la inmigración ilegal.
Vásquez Ramos advierte que las cifras podrían ser mayores, incluso llegar a más de 2,5 millones de indocumentados que se podrían beneficiar en total por el amparo si permanece.
«Quieren usar esos números en contra de DACA, pero nosotros también lo podemos usar a favor, porque legalizar a estos inmigrantes ayudaría a la economía del país», insistió el académico.
En medio del tira y afloje entre el Gobierno Trump y los «soñadores», USCIS dio otro golpe a los soñadores al elevar las tarifas de las renovaciones de DACA de 495 a 765 dólares.
Las alzas, que abarcan otra serie de peticiones, están todavía en fase de comentarios públicos.
Tanto Cortés como Vásquez Ramos auguran que los ataques se mantendrán durante los próximos meses, mientras el Tribunal Supremo emite su fallo.
La máxima instancia judicial deberá definir en los próximos meses si avala la decisión del Gobierno de Donald Trump de acabar con este plan, anunciado en junio de 2012 por el entonces presidente, Barack Obama (2009-2017), o si extiende su vigencia a favor de miles de inmigrantes que fueron traídos por sus padres siendo niños.
Las acciones legales contra Trump por eliminar DACA parecen no terminar, y Vásquez Ramos dijo que planean presentar una acción legal contra el Gobierno por no respetar el debido proceso a las peticiones de permisos humanitarios que los amparados por el programa han hecho a USCIS.
