Tegucigalpa — Los nuevos precios de los combustibles anunciados por la Secretaría de Energía, vigentes a partir del 3 de agosto de 2026, confirman una tendencia alcista que vuelve a presionar el costo de vida en Honduras.

Las gasolinas, el diésel y el queroseno registran incrementos significativos tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, mientras el LPG doméstico se mantiene congelado mediante subsidio estatal, una medida que, aunque alivia parcialmente, no compensa el impacto generalizado en la cadena de consumo.

En la capital, la gasolina superior sube a L138.41 (+L3.25) y la regular a L126.07 (+L2.34), mientras que el diésel —clave para el transporte y la producción— alcanza L129.45 tras un fuerte incremento de L5.19. El queroseno, utilizado por sectores vulnerables, también se dispara a L115.66 (+L6.27).

Mientras que en San Pedro Sula, el patrón es similar, con alzas de hasta L6.01 en el queroseno y más de L5 en el diésel. Estos ajustes consolidan varias semanas consecutivas de incrementos, evidenciando una volatilidad que termina trasladándose al consumidor final.

El argumento oficial insiste en factores internacionales —precio del crudo, comportamiento del mercado global y tipo de cambio—, pero el efecto local es innegable: transporte más caro, alimentos más costosos y menor capacidad adquisitiva.

 El diésel, en particular, actúa como un multiplicador inflacionario al impactar directamente en el traslado de bienes, encareciendo desde productos básicos hasta servicios esenciales.

Aunque el gobierno mantiene el precio del LPG doméstico en L249.62 en Tegucigalpa (y L228.47 en San Pedro Sula) mediante subsidios que superan los L35 por cilindro, esta política representa una carga fiscal creciente.

La sostenibilidad de estos apoyos queda en entredicho frente a un contexto de limitaciones presupuestarias y presiones sobre las finanzas públicas, especialmente si los precios internacionales continúan al alza.

Sectores productivos y transporte ya han advertido que estos incrementos reducen márgenes operativos y amenazan con trasladarse a tarifas y precios finales.

A nivel social, el golpe es más severo para los hogares de menores ingresos, donde el gasto en energía y transporte representa una proporción significativa del presupuesto. IR