Miami– Un proyecto de ley para sustentar y ampliar un polémico programa del gobernador de Florida, Ron DeSantis para relocalizar inmigrantes indocumentados en otros lugares de EE.UU. pasó su primera votación en el Senado estatal, con críticas de organizaciones que velan por los derechos de los extranjeros.
La portavoz de Florida Inmigration Coalition, la puertorriqueña Adriana Rivera, dijo este jueves a EFE que la iniciativa legislativa «es absurda» y deja de lado a «problemas que realmente afectan a la población como la falta de vivienda o de recursos para hacer frente a desastres naturales».
«DeSantis apoya esa medida para ganar publicidad en los medios y proyectar su imagen a nivel nacional», destacó la portavoz de la entidad, que tiene como objetivo trabajar por el trato justo de las personas, incluidos los inmigrantes.
El proyecto de ley SB 6B del Senado, dotado con 10 millones de dólares, fue aprobado el miércoles en una sesión especial de la cámara legislativa por 27 votos a favor y 12 en contra gracias a la mayoría republicana y ahora pasará a la Cámara de Representantes.
El republicano DeSantis, reelegido con una amplia mayoría en 2022 y con supuestas intenciones de dar el salto a la política nacional como candidato a la nominación republicana en las presidenciales de 2024, puso en marcha en 2022 un Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados.
Bajo ese programa, Florida envió en septiembre pasado por avión a medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos, que habían cruzado desde México para solicitar asilo en EE.UU. desde San Antonio (Texas) hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Ese traslado generó una gran polémica y demandas judiciales contra DeSantis y el estado de Florida, pues los inmigrantes trasladados, que sean solicitantes de asilo, no pisaron Florida en momento alguno y además presuntamente fueron inducidos a abordar el vuelo con promesas engañosas..
La propuesta de ley otorga a la Administración de DeSantis el derecho a reubicar a los migrantes dentro del territorio de EE.UU. en el caso de que hayan sido procesados por el Gobierno federal, sin importar donde se encuentren, y asignan diez millones de dólares para hacerlo.
Blaise Ingoglia, legislador que apoya la iniciativa, dijo que este proyecto de ley permite el transporte voluntario de extranjeros inspeccionados a distintos lugares de EE.UU., en concreto a «ciudades santuario» y estados que hayan destinado recursos para esos fines.
Matizó que el proyecto establece que no se transportaría a nadie que no haya sido procesado inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
El gobernador declaró a principios del pasado enero el estado de emergencia y desplegó la Guardia Nacional a raíz de la llegada de numerosos emigrantes, de forma irregular, a las costas de Florida.
