Ginebra – La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió hoy de que la posible modificación de la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala podría significar una amnistía general para graves violaciones a las libertades fundamentales cometidas en los 36 años de guerra civil.
«Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de derecho en Guatemala. Al mismo tiempo amenazaría el progreso realizado para tratar de resolver el legado del conflicto armado interno y evitar más violencia», señaló la expresidenta chilena en un comunicado.
Bachelet indicó que el proyecto de enmienda busca cambiar una ley que «en su contenido actual ha sido la base legal para los juicios históricos de los tribunales nacionales en casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos».
La alta comisionada también señaló que la modificación propuesta es la última de una serie de iniciativas que pretenden socavar los importantes logros realizados por el país en la lucha contra la impunidad.
La advertencia de Bachelet se produce tras el surgimiento de tensiones entre el Gobierno de Guatemala, presidido por Jimmy Morales, y Naciones Unidas, después de que el mandatario ordenara el repentino cese de actividades de la a Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas.
«En la práctica, esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, inclusive crímenes de lesa humanidad», dijo Bachelet, quien afirmó que esa medida «reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones».
La Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala entró en vigor tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, que ponían fin a un conflicto iniciado en 1960.
El pasado 17 de enero el Congreso guatemalteco aprobó en primera lectura la modificación de la ley existente, a pesar del dictamen en contra de su propia Comisión de Derechos Humanos.
Para ser aprobado, el proyecto de ley debe ser discutido en tres lecturas y luego debe ser votado artículo por artículo. EFE
