Madrid/Budapest, 11 jun (EFE).- Medios digitales de diversos países europeos han publicado informaciones en las que se acusa a las autoridades comunitarias de entregar tarjetas de crédito a personas migrantes, especialmente refugiadas de Siria, por una cantidad aparentemente desorbitada, como afirma el Gobierno húngaro.
La noticia, que se ha replicado en un formato casi idéntico en varias plataformas en Suecia, Francia, República Checa o España, contiene afirmaciones como que la Unión Europea (UE) ha entregado tarjetas prepago por un valor de 1.550 millones de euros a 2 millones de migrantes en situación irregular.
AFIRMACIÓN: "Lo que sabemos ahora es que más de 2 millones (de refugiados y migrantes) la recibieron (la tarjeta), y que han gastado euros por un valor de más de 500.000 millones de forintos (1.557 millones de euros)".
Así lo aseguró György Bakondi, principal asesor de Seguridad Nacional del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en una entrevista en el canal de la televisión pública M1 el pasado 26 de abril.
Pero antes incluso de que las declaraciones del representante húngaro se viralizaran, el bulo ya se había expandido por toda Europa, incorporando elementos como que no era necesaria documentación para usar estas tarjetas, que su expedición era ilegal, se podían usar en toda la UE o que el millonario de origen húngaro George Soros aportaba el capital.
En España, la información ha sido publicada por digitales como Diario Patriota o Caso Aislado y se ha difundido en las últimas semanas en grupos de simpatizantes de Vox en Twitter, junto a una fotografía de una tarjeta Mastercard, real, con el mapa de la UE y el logo de ACNUR.
DATOS: No es cierto que la UE haya gastado 1.550 millones de euros en tarjetas de crédito para refugiados: la Comisión Europea (CE) ha abonado ayudas por un importe cercano a los 122 millones a través tarjetas prepago, que solo se han concedido a solicitantes de asilo en territorio griego, según el Ejecutivo comunitario.
La CE puso en marcha en 2016 un sistema de tarjetas de prepago para regular el uso de la asistencia a solicitantes de asilo que llegaban a Europa a través de Grecia, aclara el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, en una respuesta parlamentaria del 12 de febrero.
La iniciativa se enmarca en el programa ESTIA, financiado por el Ejecutivo comunitario, y que la CE desarrolla junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros socios humanitarios para dar ayudas en metálico a personas desplazadas por la guerra civil siria a Turquía, Jordania, Líbano y Grecia, confirman a Efe fuentes de ACNUR en España.
En Grecia, el programa es coordinado por el Ministerio de Políticas Migratorias y gestionado por ACNUR, en colaboración con la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Servicio de Auxilio Católico, precisa Avramopoulos en una respuesta a preguntas de grupos que recogían las informaciones falsas que han circulado por Europa en los últimos meses.
El dinero que reciben los demandantes de asilo está destinado a cubrir necesidades básicas de comida y transporte y varía en función del tamaño de la unidad familiar, en línea con las políticas asistenciales griegas.
Los beneficiarios pueden utilizar las tarjetas durante un periodo de seis meses y "solo en Grecia", puntualiza el comisario.
De hecho, Grecia es "el único país de la UE" donde la asistencia a estas personas se realiza mediante tarjetas, que se recargan con una cantidad fija de dinero mensual.
"Son categóricamente falsas las informaciones que afirman que las tarjetas prepago emitidas en Grecia por ACNUR a los solicitantes de asilo y refugiados son mal empleadas en otros países", subraya a EFE el portavoz de la organización de la ONU en Grecia Boris Cheshirkov.
Según datos de la CE, entre 2016 y 2018, 90.000 personas se beneficiaron del programa de asistencia en Grecia, que recibieron en torno a 122 millones de euros, muy lejos de los 1.550 millones indicados por el dirigente húngaro.
ACNUR asumió el programa de asistencia con tarjetas prepago en Grecia en abril 2017, y desde entonces ha gestionado ayudas de la UE por valor de 113,1 millones de euros para 114.260 personas.
Con anterioridad a esa fecha, "varias organizaciones estaban ofreciendo ayudas en metálico -también a través de tarjetas prepago- a pequeña escala", precisa Cheshirkov. Ahora, en Grecia solo funciona un único modelo de tarjeta, con el logo de la UE y ACNUR.
El consejero de Orbán también consideraba "ilegal" que estas tarjetas se proporcionaran sin nombre y de forma anónima, sin necesidad de acreditar la identidad, pero el comisario aclara al respecto que "las tarjetas incluyen un número que se refiere a la identidad del beneficiario participante en el programa".
ACNUR añade que, aunque las tarjetas son emitidas por una entidad financiera, este servicio de prepago "no es un producto bancario ni de crédito" y, además, se realiza "en cumplimiento de todo el marco regulatorio relevante".
"Las tarjetas emitidas para los beneficiarios están asociadas con una única cuenta de la que solo es propietaria ACNUR y solo ACNUR puede autorizar la transferencia de fondos a las tarjetas utilizadas", apostilla el portavoz.
Respecto a si Soros ha invertido en esta iniciativa, la CE y ACNUR remarcan que el Ejecutivo comunitario financia "íntegramente" este programa.
(Efe publica este artículo en colaboración con el proyecto periodístico CrossCheck, impulsado por la organización sin ánimo de lucro First Draft).
Bruselas – A pocos días de la presentación por parte de la Comisión Europea del primer ciclo anual de solidaridad, en el marco del pacto europeo de migración y asilo, Bélgica y Países Bajos han pedido a Bruselas que la ayuda a los países de la Unión Europea que reciben más presión por estar en primera línea, como España, sea condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones, en particular a la readmisión de los migrantes.
Así lo han solicitado al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, los ministros de esos países, la belga Anneleen Van Bossuyt y el neerlandés David van Weel, en una carta enviada el pasado 10 de octubre, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio belga de Asilo y Migración.
Ambos países se refieren en particular a la necesidad de respetar el Reglamento de Dublín, que dice que el país de la UE al que llega un solicitante de asilo es responsable de tramitar su solicitud. El pacto migratorio prevé, para resolver la carga excesiva que esto impone a los países en primera línea, una «solidaridad obligatoria», que obliga al resto de Estados miembros a ayudar mediante reubicaciones, asistencia financiera o apoyo operativo.
En la misiva, difundida por Euractiv, los ministros belga y neerlandés comienzan recordando que «la gran mayoría de los migrantes que llegan a Bélgica y los Países Bajos lo hacen mediante migración irregular y no registrada» y aseguran que «estas elevadas cifras de llegadas han ejercido una presión considerable» sobre su capacidad de acogida y sistemas de asilo, «que están llegando a su límite».
La llegada de «un gran número de migrantes ejerce una presión aún mayor e inmediata sobre los servicios públicos, que ya se encuentran sobrecargados, como la sanidad, la educación y la vivienda», añaden.
Con vistas a la puesta en marcha de ese ciclo anual de solidaridad, que determinará que países reciben más migrantes y de qué manera tendrán que ayudarles los otros, Bélgica y Países Bajos subrayan que «el pleno cumplimiento del sistema de Dublín es un requisito indispensable» ya que «el incumplimiento de las obligaciones legales supone una carga desproporcionada para los sistemas de asilo y la capacidad de acogida de los demás Estados miembros».
Se refieren por tanto, a la obligación de los países en primera línea de registrar todas las llegadas y solicitudes de asilo y asumir la readmisión de los solicitantes que hubieran entrado por su territorio y luego se hubieran trasladado a otro Estado miembro.
Por eso, instan a la Comisión Europea a que «garantice un progreso sustancial y la aplicación sostenible del acerbo de Dublín vigente, con un plan de acción claro para cada Estado miembro y objetivos de progreso concretos y mensurables para junio de 2026».
«Hasta que se logren avances sustanciales en las transferencias de Dublín, el incumplimiento deberá reflejarse debidamente y de forma transparente», señalan.
Esa evaluación, añaden, «podrá servir de base para que los Estados miembros decidan no activar sus compromisos de solidaridad con aquellos que incumplan o se nieguen a cumplir sus obligaciones jurídicas, de conformidad con el principio de que la solidaridad debe ir de la mano de la responsabilidad».
Indica además que «el tamaño del Fondo de Solidaridad» que se establezca para ayudar «debe responder a las expectativas de la ciudadanía y ser manejable y realista».
En ese sentido, subrayan que es «fundamental» que «el instrumento no agrave los problemas existentes causados por los efectos a medio y largo plazo de los movimientos secundarios y un sistema de Dublín inoperante».
Bruselas tiene previsto publicar en fechas próximas su primera evaluación sobre qué países de la UE afrontan la mayor presión migratoria y de qué manera deben ayudar los otros, un informe que estaba previsto fuera publicado en octubre y se ha ido retrasando. EFE
