Beneficios de DACA no corren peligro por ahora, sostienen abogados

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Estudiantes latinos beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sostienen carteles a favor del proyecto Dream Act durante una manifestación en el parque Lafayette, frente a la Casa Blanca en Washington (DC, EE.UU.). EFE/Lenin Nolly/Archivo

Los Ángeles – Abogados que defienden el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en un tribunal de Texas aclararon este lunes que no se espera que un juez federal dicte una orden para detener la vigencia del alivio migratorio el próximo 22 de diciembre, cuando se escuchará una demanda de varios estados contra el amparo.

Nina Perales, del Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal (MALDEF), subrayó hoy en una conferencia de prensa que “nadie está pidiendo” al juez federal Andrew Hanen que cancele los beneficios actuales de DACA o las autorizaciones de empleo.

“Quisiera enfatizar que nadie le está pidiendo al juez cancelar los permisos de trabajo o las subvenciones de DACA. Nadie en este caso está pidiendo eso en este momento, ni el demandante ni el Gobierno federal”, reiteró Perales.

El caso que se escuchará en el tribunal federal de Hanen en Houston se remonta a 2018, cuando el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al Gobierno federal alegando que el Ejecutivo traspasó sus límites al aplicar el programa.

“Los méritos políticos de las leyes de inmigración son debatidos y decididos por el Congreso. El Poder Ejecutivo no ejerce función legislativa. Su deber es velar porque la ley se ejecute fielmente, tanto la ley sustantiva de inmigración como la ley procesal administrativa”, argumenta la querella.

«Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo», argumentaron los abogados de Texas.

El Gobierno del presidente Donald Trump no quiso defender el programa y responder la demanda a Paxton. Sin embargo, los «soñadores » (beneficiarios de DACA) y organizaciones como MALFED iniciaron la batalla contra el procurador y los fiscales de Alabama, Arkansas, Luisana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Misisipi, que se unieron a la querella.

Se espera que la llegada de la nueva Administración de Joe Biden en enero cambie el panorama en este litigio, uno de los tantos en los que el programa promulgado por Barack Obama (2009-2017) ha estado envuelto.

En este sentido el presidente de MALDEF, Thomas Sáenz, dijo hoy que están esperando que el Gobierno entrante revise DACA y “busque asegurar que el beneficio continúe de forma más adecuada”, por lo que el caso se mantendría en vilo hasta que el Gobierno Biden tome acción.

«Es importante señalar que la acción diferida (como programa) ha existido durante mucho tiempo bajo la ley y presidentes de ambos partidos comprometidos a otorgarlo; por eso creemos que este es un ejercicio legítimo de la discreción ejecutiva de un presidente», explicó Sáenz.

Ante la demanda de Paxton, los defensores han pedido al juez que deseche el caso argumentando que ni Texas ni los otros estados han demostrado que el programa les ha causado perjuicio alguno, entre otros argumentos.

Aunque el magistrado Hanen no quiso emitir una decisión para bloquear las renovaciones del programa en 2019 sobre esta demanda, es probable que falle en favor de Texas, como lo hizo en 2015 contra el programa DAPA, que amparaba a los padres de los soñadores.

De no obtener una resolución favorable, MALDEF ha dicho que presentará una apelación.

Desde la semana pasada el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) está aceptando nuevas solicitudes de DACA, y restableció todos los beneficios originales del programa acatando una orden de un juez de Nueva York.

La orden fue dada tras invalidar un memorando del Gobierno Trump que limitaba la aplicación del programa, acatando la sentencia del Tribunal Supremo del pasado junio 18 que restauraba el beneficio.

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