Bomba de tiempo activada: Casi mil casos de COVID-19 en centros de detención de EEUU

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Vista de varios inmigrantes detenidos por cruzar la frontera de EEUU. EFE/Rick Loomis / POOL/Archivo

Chicago (IL) – La «bomba de tiempo» del COVID-19, que según advierten activistas proinmigrantes y expertos médicos podría diezmar los centros de detención sobrepoblados de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), ha sido activada con casi mil casos confirmados en 47 establecimientos.

Según las últimas cifras divulgadas por la agencia, al 9 de este mes tenía bajo custodia a 27.908 personas en todo el país, en condiciones muy alejadas de las exigencias de distancia social y aseo necesarias para lentificar el virus.

Los casos de contagio confirmados en los centros de ICE son ya de al menos 965, aumentando con las horas, y por lo menos dos muertos este mes entre los internados. Entre los guardias, los enfermos eran 44 y por lo menos 3 muertos.

Uno de los inmigrantes fallecidos, el salvadoreño Carlos Escobar Mejía, de 57 años, estaba recluido en el Centro de Detención de Otay Mesa, de San Diego (California), que hasta el momento ha reportado 149 casos positivos.

La otra víctima fue identificada como el hondureño Óscar López Acosta, de 42 años, quien falleció en Ohio, pocos días después de haber sido liberado de la cárcel del Condado de Morrow, donde contrajo la enfermedad y se contabilizan 47 positivos.

Esa es la táctica que, denuncian activistas, utiliza ICE, liberar a internos cuando su estado de salud empeora, para que no fallezcan en sus instalaciones o en las contratadas a empresas privadas. Por ello, y las órdenes de jueces de todo el país, la cifra de inmigrantes detenidos se ha reducido en varios miles en las últimas semanas.

De 47 centros de detención con casos positivos reportados por ICE, el que registra mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus es el de Otay Mesa, pero hay otros cuatro con más de 50 positivos: Bluebonnet, en Anson (Texas), con 79; Richwood, en Monroe (Louisiana), con 64; La Palma, en Eloy (Arizona), con 58, y Catahoula, en Harrisonburg (Louisiana), con 52.

«Las condiciones son muy peligrosas y pueden descontrolarse», advierte un estudio realizado por expertos de las Universidades Brown, Brandeis, British Columbia y George Mason, que temen que el virus se extienda más allá del interior de los centros y hacia las comunidades circundantes.

De los tres escenarios planteados, el más optimista señala que en los próximos 90 días por lo menos un 72 % de los internados podría contagiarse en un mínimo de 58 centros de ICE.

Esa situación, sumada a la falta de acceso a servicios de salud de los detenidos, a menudo recluidos en zonas rurales alejados de cualquier hospital, superaría completamente la capacidad de respuesta y atención de enfermos graves en un radio de 50 millas.

El estudio recomienda una acción decisiva de parte de ICE para reducir la mortalidad entre los detenidos, y minimizar el impacto negativo en las comunidades que circundan los centros.

Uno de sus autores, el doctor Josiah Rich, profesor de epidemiología de la Universidad Brown y médico con 25 años de trabajo en centros carcelarios, sugiere que ICE deje en libertad la mayor cantidad posible de inmigrantes, para que hagan la cuarentena en otro ambiente.

El especialista envió cartas en febrero a ICE y al Congreso, donde advirtió sobre el riesgo de que el COVID-19 se propague sin control entre los inmigrantes detenidos.

«Les dije que esto era una bomba de tiempo, que el virus iba a expandirse como un fuego descontrolado si no se tomaban medidas», declaró a Efe a comienzos de abril.

En su opinión, es imposible cumplir las medidas de distancia social o de higiene en lugares que están sobrepoblados, donde los detenidos comparten baños o zonas comunes como comedores y patios.

Los expertos consideran que las condiciones de los centros de detención, además de peligrosas, son inconstitucionales, porque, bajo la quinta enmienda, las personas que se encuentran bajo custodia del Gobierno tienen el derecho de estar razonablemente seguras.

La falta de respuesta de ICE ha motivado demandas en las cortes federales, para que se ordene al Gobierno dejar en libertad a las personas que corren riesgos por la pandemia.

Jueces de Texas, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts, Colorado y Michigan concedieron amparos y ordenaron la libertad de personas vulnerables en algunos casos, mientras que en otros ICE fue obligada a reducir la población de centros sobrepoblados.

Mientras, ICE ha reiterado en varias ocasiones que tiene los medios para asegurar la salud de los presos, aunque han dado positivo más de la mitad de los 1.804 internos a los que se les hizo la prueba de coronavirus, tasa muy superior a la nacional en Estados Unidos, que, según cifras oficiales, suma ya más de 1,3 millones de contagios y cerca de 84.000 muertos por COVID-19.

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