Los Ángeles – Defensores de los inmigrantes aplaudieron este lunes la aprobación en California de un proyecto de ley que permitirá a los inmigrantes detenidos en cárceles operadas por compañías privadas demandar a esas entidades por no cumplir los estándares de servicio, y que muchas veces incurren en abusos.
El gobernador Gavin Newsom firmó este domingo el proyecto de Ley AB 3228 como parte de su política de defensa de los inmigrantes.
“California es un lugar más grande y vibrante debido a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, dijo el demócrata en un comunicado al momento de la firma.
En ese sentido, el asambleísta Rob Bonta, autor de la medida, calificó hoy la aprobación de una victoria para los derechos humanos.
“Es una victoria para la salud, la seguridad y el bienestar de los californianos, y es otra pérdida para una industria moribunda que se beneficia del sufrimiento humano y trata a las personas como productos básicos”, agregó.
La norma permite a las personas demandar a los operadores de centros de detención privados por no cumplir con los estándares de atención descritos en su contrato y cobrar costos y honorarios de abogados «razonables».
La legislación, primera en su tipo en la nación, entre en vigor en medio de crecientes informes de negligencia médica y abuso en los centros de detención privados con fines de lucro durante la pandemia de COVID-19.
Jackie González, directora de Immigrant Defense Advocates, dijo en una conferencia que la ley representa un gran avance para los abogados que representan a los indocumentados detenidos en estos centros y se encuentran en “horribles condiciones”.
“Esta ley nos permitirá no solo pelear porque nuestros clientes se queden en Estados Unidos, sino pelear contra las injusticias a las que son sometido en estos centros”, agregó González.
La nueva legislación se apoyó en la Ley AB 32, que prohibió nuevas prisiones privadas y centros de detención desde comienzos de año y exige que las instalaciones existentes se cierren para 2028.
No obstante, el Grupo GEO, que opera algunos de los centros de detención de inmigrantes en California, demandó a Newsom alegando que la AB 32 es un «intento transparente del estado de detener los esfuerzos de detención (de indocumentados) del Gobierno federal dentro de las fronteras de California”, y pidió la derogación de la ley.
En julio pasado, la jueza federal de distrito en San Diego, Janis Sammartino, sugirió que probablemente desestime la mayor parte del caso contra California, así como una solicitud para suspender temporalmente la aplicación de la ley mientras el caso continúa en la corte.
Newson también convirtió este domingo en ley la propuesta AB 2426, que brinda una claridad importante con respecto al acceso a las protecciones humanitarias, incluidas las agencias policiales que deben procesar las certificaciones de visas U y T para víctimas de delitos, incluida la trata de personas.
