Los Ángeles (EE.UU.) – El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este viernes una ley que eliminará gradualmente el uso de todas las cárceles privadas con fines de lucro, incluidas las prisiones y los centros de detención de migrantes en el Estado Dorado.
La ley AB 32 impedirá que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evitará que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
«Durante mi discurso inaugural prometí poner fin a las cárceles privadas, ya que contribuyen al encarcelamiento excesivo, incluidos los que encarcelan a los reclusos de California y los que detienen a inmigrantes y solicitantes de asilo», dijo el gobernador en un comunicado.
«Estas cárceles con fines de lucro no reflejan nuestros valores», añadió sobre una medida se aprueba en pleno esfuerzo del presidente Donald Trump por aumentar las cifras de detenciones de migrantes con la intención de deportarlos.
Las dos principales compañías de seguridad privadas del país, GEO Group o CoreCivic, serán las más firmas más afectadas con la nueva medida, que previamente había sido aprobada por el Legislativo californiano.
El autor de la ley, el asambleísta demócrata Rob Bonta, aplaudió la decisión del gobernador y calificó la calificó de momento histórico para California.
«Al finalizar el uso de prisiones privadas con fines de lucro y centros de detención, estamos enviando un poderoso mensaje de que nos oponemos con vehemencia a la práctica de sacar provecho de las espaldas de los californianos bajo custodia», señaló Bonta en un comunicado.
En el mismo sentido los defensores de los inmigrantes celebraron la firma de la ley que también prohíbe a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE ) contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada.
Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de Freedom for Immigrants, resaltó en un comunicado que «más del 70% de los migrantes que están bajo custodia de ICE se encuentran en centros penitenciarios privados».
La activista asegura que «cerrar las cárceles de inmigrantes es un paso esencial hacia el desmantelamiento de un sistema que se beneficia del abuso y llena los bolsillos de los ejecutivos privados de prisiones y los accionistas de la industria».
Fialho advierte que con la entrada en vigor de esta ley ICE no podrá renovar los contratos cuatro instalaciones en el estado que albergan a aproximadamente 4.000 personas.
