Madrid – El abogado ambientalista hondureño Donald Hernández alertó este martes de “la pobreza y el desplazamiento forzoso” a los que “miles de familias” se ven abocadas como consecuencia del cambio climático y “las políticas que ofrecen los bienes comunes” de su país “al mejor postor”.
En un encuentro organizado por la ONG española Manos Unidas con motivo de la presentación de su campaña anual, titulada ‘El efecto ser humano’, Hernández afirmó a EFE que las industrias agroalimentaria, minera y energética son los principales responsables de la “crisis climática” que afecta a su país.
También denunció la incapacidad del Estado hondureño para “acompañar” a la población afectada, desprovista de “condiciones y recursos para manejarse en medio de la crisis”, y lamentó la “migración forzosa, tanto interna como externa” a la que miles de sus compatriotas se enfrentan “desde hace dos décadas”.
Hernández asegura que esta degradación del entorno rural -de donde procede la mayoría de los que denomina “refugiados climáticos”- comenzó hace veinte años con la llegada de la industria agroalimentaria a los valles, las tierras más fértiles del país.
“La agroindustria desplazó a las comunidades locales de los valles y reemplazó sus productos, que abastecían al mercado interno, por monocultivos de azúcar, maíz transgénico y palma africana, productos muy rentables en el mercado exterior, pero que no cubren las necesidades de los hondureños”, razona.
Estos monocultivos han reportado grandes beneficios económicos al país -el aceite de palma, 344 millones de dólares en 2021-, pero también han obligado a importar alimentos básicos y han tensionado los recursos hídricos, contribuyendo a la degradación del suelo en un país proclive a sequías e inundaciones.
La amenaza de la minería a cielo abierto
Muchos de los agricultores que abandonaron los valles, explica Hernández, se trasladaron a los montes, bajo cuya superficie -más reducida e improductiva- se encuentran algunos de los yacimientos minerales más ricos de Centroamérica.
Junto con los indígenas que “desde hace siglos” habitan las montañas, estas comunidades de desplazados constituyen un “estorbo” para las operaciones de extracción licitadas por el Estado, mayoritariamente minas a cielo abierto.
La organización para la que trabaja Hernández, el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), cifra en 504 las concesiones otorgadas por el gobierno para este tipo de operaciones, que mediante el uso de explosivos como la dinamita favorecen la contaminación de los acuíferos de los que se abastecen los agricultores.
“Estas concesiones, en su mayoría a multinacionales, se han aprobado sin el consentimiento de las comunidades indígenas a las que afectan”, denuncia Hernández, quien recuerda que esto “no sólo contraviene el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sino que vulnera los derechos a la alimentación y a la permanencia en la tierra”.
Es paradigmático el caso del Valle del Siria, donde en el año 2000 los vecinos denunciaron a la empresa Entre Mares -subcontrata de la multinacional canadiense Goldcorp- por contaminar y dañar su salud por vertidos arsénico y mercurio durante sus operaciones en una mina a cielo abierto.
Diez años después, en 2010, la justicia dio la razón a los vecinos y suspendió la licencia, pero para entonces los efectos nocivos de la explotación ya eran evidentes.
“Hace tres semanas, un vecino me mandó una foto de su nieta. En ella se veía cómo se le está cayendo el pelo”, lamenta Hernández, cuya organización pretende “educar” a las comunidades en “autoconsumo y resiliencia” en un país donde el 40% de la población vive en situación de pobreza.
“Pese a todo, nuestro objetivo”, concluye el abogado, “es acompañar a las familias y que siempre haya un plato de comida en la mesa.”
