Bruselas.- La capitana del barco de la ONG Sea Watch, Carola Rackete, acusó a la Unión Europea de vulnerar el derecho internacional al delegar a las autoridades libias labores de control migratorio.
Rackete, que hoy habló ante la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, subrayó la necesidad de un cambio de sistema que no esté condicionado por los intereses de los Estados comunitarios ni enfocado en «devolver», sino en «acoger» a los refugiados.
La capitana del buque, que fue arrestada en Italia el pasado julio (y días después liberada) por llevar sin permiso a 40 migrantes que habían salvado en el Mediterráneo central al puerto italiano de Lampedusa (sur), dijo hoy que ser ciudadana europea le resulta «difícil» y a veces le avergüenza.
Su «experiencia más frustrante», señaló, fue tener que explicar a los 40 migrantes que permanecían en el barco que Europa, «el centro de los derechos civiles y humanos», no les permitía entrar en el continente.
La activista por los derechos humanos también subrayó que está siendo investigada judicialmente «por haber salvado vidas» y alegó públicamente su despreocupación ante las acusaciones, ya que «no era un acto de provocación, como muchos querían demostrar, sino un acto de necesidad y responsabilidad».
Rackete criticó por otra parte, en los márgenes de la comisión de la Eurocámara, que la Unión debata cuál es el puerto más seguro en vez del contenido de la normativa que regula el rescate de migrantes que, según dijo, permite criminalizar la ayuda humanitaria con el pretexto de evitar el «efecto llamada» o combatir el tráfico ilegal.
Por su parte, el europarlamentario socialista español Juan Fernando López Aguilar declaró a Efe que ha abogado por cambiar esas disposiciones en el Parlamento Europeo y que «España siempre se ha mostrado dispuesta a permitir el desembarco de migrantes cuando era el puerto seguro más cercano».
Sin embargo, la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego criticó la actuación del Gobierno español de Pedro Sánchez que, señaló, «desatendió la petición de auxilio del (barco) ‘Open Arms’ este verano» y «solo estaba dispuesto a poner una multa de hasta 900.000 euros a las misiones de apoyo y rescate de las ONG».
