Miami – Una caravana de varias decenas de automóviles y un grupo de trabajadores de la salud se manifestaron este viernes frente al Centro Transicional del Condado de Broward (Florida) para reclamar la liberación de los inmigrantes allí detenidos por «la falta de medidas para prevenir el contagio por COVID-19».
«Todas las personas encarceladas están una al lado de otra y es muy difícil tener distanciamiento social. No hay jabón ni productos sanitarios. También las personas que están entrando y saliendo pueden traer la infección. Hay muchos retos que el centro de detención no va a poder sobrellevar», dijo a Efe el neurólogo puertorriqueño Franklyn Rocha antes de participar en la protesta.
Bajo los gritos de «libertad» y con pancartas en las que se leía «dejen de amenazar la vida de la gente», familiares, médicos y simpatizantes hicieron sonar sus bocinas frente a este centro en favor de las cerca de 30.000 personas que tiene bajo custodia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Según las últimos datos proporcionados por el gobierno, ICE ha examinado por coronavirus a un total de 1.030 detenidos, de los cuales 490 han resultado positivos, aunque los sanitarios creen que estas cifras no corresponden con la realidad.
«Creemos que esos números son una subestimación y que son más. Aproximadamente el 60 % de los detenidos que se hace la prueba del COVID-19 sale positivo y este tipo de centros puede ser un foco de infección. No solamente puede afectar a las personas que están detenidas, también a los familiares, a los guardias que están trabajando. Esto afecta a toda la población», reiteró.
Los sanitarios aseguraron que el distanciamiento social es la mejor arma para prevenir la pandemia, una situación que no se cumple ni siquiera para los inmigrantes más vulnerables como Manuel del Riego, un joven cubano de 25 años que lleva más de un año detenido y tiene problemas respiratorios.
SIN MÁSCARAS
Así lo atestiguó su hermana Yadira, que prefiere no decir su apellido por posibles repercusiones, y teme que su familiar esté infectado con el virus y muera en el centro.
«El test del coronavirus no se lo han hecho a ninguno, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen nada. Están más de seis personas en un solo cuarto y eso es un riesgo para todos porque tienes que estar separado y en una prisión no puedes estarlo», señaló con lágrimas en los ojos.
Yadira explicó que su hermano huyó de Cuba, pidió asilo político en Estados Unidos y como se lo denegaron fue detenido. «Ya ha pasado por más de diez centros» de estas características, dijo.
«Como él hay mucha gente que lleva un año, dos años… Gente con dolor, diabetes, con asma y personas enfermas. Queremos que lo saquen porque él está muy injustamente ahí y creemos que puede morir», reiteró.
Además, Yadira señaló que «apenas saben lo que está pasando» y que desde el centro les han dicho que «no pueden dar ninguna información».
ICE asegura en su página web que los detenidos que presentan fiebre o síntomas respiratorios son separados del resto y se les aisla en habitaciones específicamente diseñadas para contener agentes biológicos como el coronavirus.
Además, en caso de presentar síntomas moderados, severos o necesitar mayor grado de atención son trasladados a los hospitales con expertos en atención intensiva, mientras que los detenidos sin fiebre, asintomáticos pero forman parte de los grupos de riesgo son separados en una celda individual o en grupo.
UN PASO MÁS CERCA
Precisamente, la jueza federal de Miami Marcia Cook dictó este jueves una orden en la que instó a las autoridades migratorias en Florida a analizar en menos de 7 días la liberación de inmigrantes con riesgo de contraer COVID-19 en tres centros de detención y proveer de inmediato máscaras, condiciones de higiene y posibilidad de distanciamiento.
Además, solicitó que los centros de Krome, Broward y Glades reduzcan su capacidad en un 75 % en las próximas dos semanas y ordenó a ICE presentar en los próximos tres días un informe sobre las «alternativas» a la detención para cumplir con los protocolos sanitarios federales debido al COVID-19.
La decisión de la jueza fue aplaudida por los grupos civiles que presentaron la demanda, entre ellos el Southern Poverty Law Center (SPLC), los cuales dijeron que supone «estar un paso más cerca» de la liberación» de unos 1.700 detenidos en los tres centros del sur Florida.
«Debemos liberar a estas personas detenidas a la seguridad de sus respectivas comunidades donde pueden protegerse ellos mismos y a sus seres queridos del virus».
«A no ser que corrijamos esto y los liberemos ahora, Florida e ICE cargarán con la responsabilidad del daño y la pérdida de vidas», indicó en un comunicado el abogado de SPLC Paul Chávez.
