Los Ángeles – Casi la mitad (46 %) de todas las latinas en edad fértil (18 a 44 años) en Estados Unidos viven en estados que restringen el aborto y amenazan los derechos reproductivos de las mujeres, encontró un análisis revelado hoy por la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA).
Esa proporción equivale a más de cinco millones de latinas en riesgo de verse afectadas por restricciones aprobadas en estados conservadores tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que derogó la protección al aborto, indicó el análisis, basado en datos de la Oficina del Censo.
Los investigadores del Instituto de Políticas Latinas de UCLA también encontraron que en los estados que restringen el aborto, una mayor proporción de mujeres latinas están en edad fértil en comparación con las mujeres blancas no hispanas.
Además, la cantidad de mujeres latinas en edad fértil que residen en los estados que restringen el aborto aumentó sustancialmente de 2010 a 2019, y la población de latinas adultas en tales estados es más joven que la de mujeres blancas no hispanas adultas.
La cantidad de latinas en estados que restringen el aborto sigue siendo mayor si se incluye a las adolescentes (de 13 a 17 años), destacó el análisis.
A nivel general, la investigación encontró que para 2019, más de la mitad (alrededor de 58 %) de las latinas adultas en Estados Unidos estaban en edad de procrear. En Dakota del Norte, esta proporción llega casi al 80%.
A partir de estos resultados, los investigadores concluyeron que la anulación de la protección al aborto tiene “el potencial de impactar de manera desproporcionada a las latinas más que a las mujeres blancas no hispanas”.
“La decisión (de la Corte) ha dejado en claro que el acceso al aborto es un problema de las latinas”, subrayaron.
Los investigadores recomendaron a activistas y legisladores colocar el tema de las latinas al frente de las discusiones a niveles nacional y estatal sobre el aborto.
Urgieron a los legisladores estatales a consagrar el derecho al aborto en las constituciones estatales, extender la cobertura del seguro médico público (Medicaid), proporcionar más fondos a clínicas comunitarias, y prohibir la publicidad falsa y engañosa de los servicios de salud reproductiva, entre otras recomendaciones.
