Los Ángeles – Dos mujeres estadounidenses que fueron detenidas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por hablar español mientras hacían compras en una tienda en Montana lograron un acuerdo de compensación monetaria en su demanda contra la Administración de Donald Trump, informó este martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Ana Suda y Martha “Mimi” Hernández esperaban en fila para pagar en una tienda en la localidad de Havre cuando el agente Paul O’Neill de la CBP se les acercó, comentó algo acerca del acento de Hernández y les preguntó dónde habían nacido. Ellas respondieron que en Texas y California, respectivamente.
El agente les ordenó entonces que le mostraran sus identificaciones, y ellas de inmediato presentaron sus licencias válidas de conducir de Montana, indicó en un comunicado la ACLU, que representó a las demandantes junto con el despacho legal Crowley Fleck.
De acuerdo con el boletín, no había razón para suponer que las mujeres habían violado la ley, pero O’Neill las arrestó en el estacionamiento de la tienda.
Ellas comenzaron a grabar el incidente en vídeo, preguntándole al agente por qué las había convertido en su objetivo. Él respondió que porque estaban “hablando español en la tienda en un estado que es predominantemente de habla inglesa”, y no ofreció otra justificación para detenerlas e interrogarlas.
La ACLU señaló que, durante el desahogo de la demanda, quedó de manifiesto que agentes locales de CBP han exhibido desde hace mucho tiempo un patrón de detenciones e investigaciones abusivas. Agentes de la unidad local de CBP han hecho de individuos latinos su objetivo en repetidas ocasiones y sin justificación.
En materiales presentados como resultado de la demanda, agentes de CBP admitieron que actuaban con base en perfil racial contra personas no blancas en el sector de Havre.
La evidencia presentada también reveló que O’Neill era miembro del grupo de Facebook “I’m 10-15”, ya desaparecido, en el que agentes de CBP bromeaban acerca de la muerte de migrantes, hablaban de arrojar burritos a congresistas latinos que visitaron un centro de detención en Texas y publicaron una caricatura de la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez teniendo sexo oral con un detenido.
“Como si el racismo que experimentaron a manos de CBP no fuera suficiente, nuestras clientes también enfrentaron las repercusiones de haber denunciado. Ambas tuvieron que abandonar Havre por miedo acerca de la seguridad de sus familias”, dijo Caitlin Borgmann, directora ejecutiva de ACLU Montana.
El acuerdo con CBP involucra una cantidad de dinero, indicó ACLU, que no reveló el monto.
“Bajo la Administración de (el presidente electo Joe) Biden, la ACLU continuará haciendo responsables ante el pueblo al Gobierno federal y al Departamento de Seguridad Nacional (del que depende la CBP)”, indicó el comunicado.
Este lunes se conoció que Biden eligió a Alejandro Mayorkas para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, y en caso de confirmarse su nombramiento el cubanoestadounidense sería el primer latino en dirigir esta agencia encargada de la inmigración y la seguridad fronteriza, entre otros.
La elección de Mayorkas ha sido vista de manera positiva por inmigrantes y grupos de derechos civiles.
