Bruselas – Los 10.000 policías con los que la Comisión Europea (CE) pretende reforzar las fronteras externas de la UE de aquí a 2020 podrán llevar armas y estarán sometidos a la soberanía del Estado miembro donde sean desplegados, dejó claro hoy el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramópulos.
El responsable europeo detalló en una rueda de prensa las propuestas para combatir la inmigración ilegal que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, presentó el miércoles durante el discurso sobre el Estado de la Unión, que inciden en proteger las fronteras y acelerar las devoluciones de los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea (UE).
Todas las operaciones de esa guardia fronteriza tendrán lugar bajo el «control y mando» del país de acogida, señaló el comisario, que además hizo hincapié en que aunque los agentes estarán autorizados para llevar armas, «no se debe interpretar que vamos a desplegar guardias armados para cerrar las fronteras».
El objetivo, dijo, es «gestionar y proteger mejor» las fronteras externas de la Unión, permitiendo a los agentes desarrollar nuevas labores, por ejemplo controles de identidad.
La CE aspira a que la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que ahora cuenta con unos 1.300 efectivos desplegados y con 1.500 guardias de reserva, pase a tener 10.000 efectivos en 2020 y que poco a poco el personal nacional desplegado a corto plazo sea reemplazado por personal de la agencia, que permanezca periodos más largos.
Para empezar, en 2020, habría 7.000 agentes nacionales desplegados a corto plazo, 1.500 también nacionales con misiones más prolongadas y otros 1.500 que serían guardias «europeos», es decir, personal estatutario de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas.
A esos 10.000 guardias en 2020, España contribuiría con 518 efectivos para misiones cortas y 111 para más a largo plazo.
Avramópulos se mostró «optimista» sobre la posibilidad de que los países de la UE den el visto bueno a crear una verdadera policía europea de fronteras, idea que en el pasado ha sido criticada por algunos Estados temerosos de una intromisión de la UE en el control de sus fronteras.
«Si hay voluntad política, y creo que ahora la hay, es realista tener esto operativo en dos años», indicó.
El objetivo es contar con un «cuerpo permanente» de policía de fronteras, con equipos propios y competencias ejecutivas frente al sistema actual, que depende de las aportaciones voluntarias de personal y equipamiento de los países y que afronta numerosas «lagunas».
Bruselas quiere además que ese cuerpo permanente pueda llevar a cabo tareas de control fronterizo y de retorno, bajo la autoridad del Estado miembro donde se encuentre, y que sus efectivos puedan también ser desplegados fuera de la Unión, para apoyar a otros países en la gestión de fronteras y los retornos.
Otra de las iniciativas propuestas el miércoles para frenar los flujos migratorios es la revisión de la directiva de retorno de 2008, cuya aplicación «ineficaz e incoherente» por parte de los países reduce, dice la CE, la eficacia de las devoluciones.
Según la CE, de los más de 516.000 ciudadanos extranjeros que recibieron la orden de abandonar la UE en 2017, solo unos 188.000 (el 36,6 %) fueron devueltos, un porcentaje que Bruselas considera excesivamente bajo.
Como solución, plantea procedimientos de retorno acelerados, un mejor control de la identidad y situación legal de cada persona que deba salir del territorio y procesos de retorno voluntario más eficientes.
La CE cree que estas nuevas normas mejorarán «la credibilidad» de la política europea de inmigración y darán «una señal clara» de que hay procedimientos efectivos para garantizar que los inmigrantes irregulares serán devueltos, lo que además «desincentivará» los flujos hacia la UE.
Por último, Bruselas subrayó la necesidad de facilitar más «vías legales» de entrada a la UE y pidió a los países que tomen medidas para desbloquear la revisión de la «tarjeta azul», que aspira a atraer a inmigrantes de terceros países con una alta cualificación profesional y que cumplan sus compromisos en la acogida de refugiados desde terceros países. EFE
