Ciudad de Panamá – La organización defensora de derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo este jueves que pese a los avances en tratamiento que reciben los decenas de miles de migrantes en tránsito en Panamá, estos siguen enfrentando una situación de riesgo en el país.
La ONG se expresó así luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) levantara unas medidas provisionales de protección a los viajantes que ordenó a Panamá en mayo de 2020, luego de progresar en su cumplimiento.
«Si bien es cierto que han existido ciertas cuestiones estructurales que han sido mejoradas, el riesgo persiste para las personas detenidas» en las estaciones de recepción migratoria (ERM) que tiene el Estado de Panamá en sus fronteras, dijo a Efe la Coordinadora del Proyecto de Movilidad de Cejil, Gabriela Oviedo.
Oviedo precisó que, entre otras cosas, «preocupan temas de deudas (de las autoridades panameñas) frente a la violencia sexual que enfrentan las mujeres» durante su tránsito por la inhóspita y peligrosa selva del Darienasí como el tratamiento «de los niños que ingresan solos».
Las víctimas violencia sexual, unas 300 según datos aportados por Cejil, «no reciben atención oportuna», son casos que «permanecen en la impunidad ante la falta de información, las barreras lingüísticas, la desconfianza en las autoridades, el temor por la discriminación y la xenofobia, y la falta de atención con enfoque de derechos humanos y género», afirmó la ONG.
El organismo, que representa a las víctimas migrantes, aseguró en un comunicado que «la detención migratoria continúa siendo una práctica sistemática» en la provincia de Darién, donde están varias de las ERM.
El Gobierno de Panamá niega que los migrantes sean detenidos en esas estaciones, a los que son llevados para tomar sus datos biométricos y brindarles asistencia sanitaria y alimentación, un programa que consume millones de dólares al año según el Ejecutivo, luego de lo cual siguen su camino.
En 2021 más de 133.000 migrantes venidos de todas partes del mundo y que viajan hacia Norteamérica cruzaron la peligrosa selva del Darién, expuestos a todo tipo de peligros incluidos los traficantes y el crimen organizado, una cifra más o menos igual a la registrada en toda la década anterior.
Panamá informó este lunes que la Corte IDH levantó las medidas ordenadas al país en mayo de 2020 para garantizar los derechos a la salud y la vida de miles de migrantes en tránsito hacia Norteamérica y ubicados temporalmente en estaciones migratorias en sus fronteras.
El ministerio panameño de Relaciones Exteriores agregó que la Corte IDH «archivó el expediente referido al caso Vélez Loor vs Panamá», en el marco del cual se dictaron las disposiciones.
«La Corte continúa con su proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia Vélez Loor, relacionada» con asuntos como «capacitar a las personas que realizan los controles migratorios o las condiciones de detención que el Estado de Panamá todavía se encuentra obligado a cumplir», afirmó Oviedo.
En mayo de 2020 y en medio de un creciente flujo de migrantes irregulares hacia EE.UU., la CorteIDH dictó una resolución en la que pedía a Panamá reducir el hacinamiento en las ERM situadas en las fronteras con Colombia (Darién) y Costa Rica, a las que son conducidos los miles de migrantes que ingresan al país en su tránsito irregular hacia el norte.
La Corte IDH también pidió a Panamá establecer protocolos de prevención de contagio de la covid-19 y brindar a los migrantes acceso gratuito a los servicios de salud, incluidos los que necesitan las mujeres embarazadas, entre otros.
Las medidas de la Corte IDH fueron ordenadas en el marco de la supervisión de cumplimiento en el caso Vélez Loor sobre detención migratoria, por el cual el Estado panameño fue condenado por tratos crueles e inhumanos.
