Inmigrantes y activistas de derechos humanos protestan contra la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). EFE/Archivo

Los Ángeles – Defensores de los inmigrantes celebraron este jueves el fallo de un juez federal a favor de una religiosa, quien demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por ponerla en una lista de vigilancia tras dar apoyo a los migrantes que arribaron a la frontera sur con las caravanas de 2018.

El juez Todd W. Robinson, del Tribunal del Distrito Sur de California, encontró que el DHS violó los derechos de la primera enmienda de la reverenda Kaji Dousa, que ofreció servicios religiosos y oficiaba bodas a los migrantes reunidos en la fronteriza Tijuana (México).

De acuerdo a la demanda, el nombre de la religiosa fue puesto en una lista de vigilancia y que un agente de alto rango de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. envió en diciembre de 2018 un correo electrónico a las autoridades mexicanas en la que las alentó a detener a Dousa porque carecía de documentación para estar en ese país.

El magistrado Robinson escribió en su fallo que cuando el funcionario de la Patrulla Fronteriza envió el correo electrónico a las autoridades mexicanas violó la Ley de Restauración y Libertad Religiosa.

DHS atentó también contra los derechos de Dousa protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege el “derecho de libre ejercicio para ofrecer servicios religiosos a los migrantes en México”, según señaló el juez.

El magistrado ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al DHS que informen de inmediato al gobierno mexicano de que sus solicitudes para que se le niegue la entrada a la pastora Dousa y se le devuelva a los Estados Unidos son “rescindidas y revocadas total e inmediatamente”.

En un comunicado, la pastora Dousa dijo que “ser la parte ganadora en una demanda contra el gobierno más poderoso del mundo, honestamente, se siente como un milagro”.

“El juez Robinson reivindicó lo que siempre supe que era cierto: a mi propio gobierno no le gustaba a quién Dios me había llamado a servir, así que hicieron todo lo que pudieron para hacer que eso fuera casi imposible para mí. Esta decisión justa me da la oportunidad de volver a mi ministerio”, agregó la religiosa, que ahora está al frente de la iglesia Park Avenue Christian Church en la ciudad de Nueva York.

Por su parte, Christine Kwon, consejera de Protect Democracy, organización que representó a la religiosa en la demanda, advirtió hoy que “ningún funcionario del gobierno debe tomar represalias contra alguien en función de sus prácticas religiosas o su discurso. Pero eso es exactamente lo que los funcionarios del DHS le hicieron al pastor Douša y a otros”

Kwon se refiere a la vigilancia realizada por el Gobierno de EE.UU. en 2018 a un grupo de periodistas, abogados, defensores y activistas que interactuaron con las caravanas de migrantes que llegaron a Tijuana, que salió a la luz luego que se filtraran a los medios documentos sobre este monitoreo.