Centroamérica y el Caricom piden a los Estados proteger a víctimas del crimen

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Guatemala– Representantes del sector justicia de países de Centroamérica y de la Comunidad del Caribe (Caricom) recomendaron a sus respectivos Estados proteger y atender a las víctimas y testigos del crimen trasnacional, informó hoy el Ministerio Público de Guatemala.

La fiscalía explicó, en un comunicado, que este fue uno de los puntos acordados en la conferencia regional «ODS 16: Una Visión Conjunta para Luchar Contra el Crimen Transnacional, organizado en la Región del Gran Caribe», organizada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en El Salvador.

En esta cita, en la que participaron «representantes» de Barbados, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, el Caricom y su Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad (Impacs) se llegaron a una serie de acuerdos.

Entre ellos, el de recomendar la protección a las víctimas a través del fortalecimiento y monitoreo de la operatividad de los sistemas de protección, atención integral y reconocimiento de sus derechos, en especial aquellas en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, los instaron a impulsar el análisis prospectivo regional de los factores de riesgos que incrementan la criminalidad organizada trasnacional para la toma de decisiones estratégicas y actualizar los procedimientos de cooperación judicial internacional a nivel regional,para facilitar una respuesta «efectiva y expedita».

Los representantes también acordaron mejorar el entendimiento de la perspectiva económica del crimen organizado y la corrupción para desarrollar investigaciones financiera paralelas, priorizar esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas especializadas de los ministerios públicos y tribunales, y sistematizar las intervenciones de prevención de la violencia.

Esta cita, en la que participó la fiscal guatemalteca, María Consuelo Porras, tenía como objetivo apoyar a los Estados en establecer prioridades para reducir considerablemente las corrientes de tráficos ilícitos y promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.

Esto facilitando el acceso a la justicia para todos y construir, a todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas, dispuestas a rendir cuentas. 

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