Tegucigalpa – Alrededor de 4 mil 700 personas denunciaron, entre el 2021 y el 2023, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que su integridad física y su vida estaba en riesgo al ser objeto de amenazas a muerte, situación que obligó, a muchas de las víctimas, a desplazarse de su residencia hacia otros lugares del país y del extranjero.
– Datos de la Unidad de Estadísticas del Conadeh revelaron que, en últimos tres años (2021 – 2023), este ente estatal atendió un promedio mensual de 130 personas (4.33 por día) que denunciaron que su integridad física y su vida estaba en riesgo luego de ser objeto de amenazas a muerte.
Las amenazas contra la integridad física y la vida de las personas, se constituye en una de las principales causas del desplazamiento forzado en Honduras, que requiere acciones urgentes por parte de las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación en el país, expresó la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.
Muchas de las amenazas están relacionadas con personas desconocidas o particulares, grupos armados como las maras y pandillas, bandas delictivas y delincuencia común que, con fines de dominio territorial y social, imponen un régimen de terror para perpetrar sus operaciones al margen de la ley.
Las amenazas de muerte que sufren ciertos sectores de la población incluyen actos como la intimidación, acoso, humillación, persecución, vigilancia y manipulación contra las personas, familiares o en algunos casos contra la propiedad.
Las amenazas se originan en contextos de violencia derivados del reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, asesinatos o tentativas de homicidio de familiares, extorsión, discriminación y violencia de género.
Las víctimas de amenazas se ven forzadas a huir de sus lugares de residencia hacia otras zonas del país o del extranjero para salvaguardar su integridad física y su vida, señaló la defensora de los derechos humanos.
En los tres últimos años, los 18 departamentos del país fueron escenario de este tipo de quejas mediante las cuales, las víctimas denuncian que temen por su integridad física y su vida por amenazas a muerte, según la Unidad de Estadísticas del Conadeh.
En el 2021, esta Institución Nacional de Derechos Humanos atendió 1,140 quejas relacionadas con amenazas a muerte, que aumentaron a 1,340 en el año 2022 y a 1,317 en el 2023.
La Unidad de Estadísticas detalló que las denuncias presentadas por amenazas a muerte, representan el 12.42 % del total quejas atendidas por el Conadeh, en el 2023.
La violencia se ha convertido, a Honduras, en un escenario en el cual todas las personas están expuestas a riesgos y circunstancias que ponen su vida en peligro.
Para hacerle frente a delitos como la extorsión, el Gobierno decretó, desde diciembre del 2022, un estado de excepción que aún se mantiene vigente.
Desde que se puso en marcha el estado de excepción, en diciembre del 2022, Honduras fue escenario de más de medio centenar de masacres, de tres o más víctimas, que dejaron como saldo, al menos 230 muertos, lo que agrava aún más las violaciones a los derechos humanos en el país.
En Honduras, las prácticas violentas más comunes son las amenazas a muerte, el desplazamiento interno forzado por violencia, el asesinato, el homicidio, la extorsión, el femicidio y, la tentativa de homicidio y de asesinato.
Un Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia reveló que, entre 2004 y el 2018, en 78 municipios de 16 departamentos de Honduras, se desplazaron al menos 247, 090 personas (58,500 hogares).
Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida se constituyeron como los departamentos expulsores y receptores de hogares desplazados.
Se considera que San Pedro Sula, el Distrito Central, La Ceiba y Choloma son los cuatro municipios más afectado por el desplazamiento forzado de personas por violencia.
En el 2013, el gobierno de Honduras reconoció oficialmente la gravedad de este problema y creo la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV).
Se estima que, en Honduras, un promedio de diez personas, por día, mueren violentamente, crímenes que, en el 95 % de los casos estarían en la impunidad.
