Washington – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió hoy que Nicaragua vive en un estado de excepción «de facto» a un año del estallido de las protestas porque prevalece el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y la censura a los medios de comunicación.
Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, repasó en una entrevista con Efe lo ocurrido desde que el 18 de abril de 2018 unas protestas contra unas reformas de la Seguridad Social se tornaran en una rebelión que ha dejado 325 muertos, entre ellos 24 menores de edad, y 2.000 heridos, según cifras del organismo.
«La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo grave, se mantiene un estado de excepción de facto, se mantiene la negación del derecho a la manifestación. No hay espacio en Nicaragua para disentir libremente sin riesgo a ser detenido o sin riesgo a ser objeto del uso de la fuerza pública o actos de amenaza, asedio y hostigamiento», aseveró Urrejola.
La relatora recordó que ese estado de excepción «de facto» se manifiesta en la represión estatal destinada a acallar las voces disidentes, así como en las graves violaciones de derechos humanos, desde detenciones arbitrarias hasta la criminalización de la protesta con el uso de grupos paramilitares y policía, que obedecen al presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Por ejemplo, explicó Urrejola, la CIDH ha observado que cada vez que la oposición convoca una marcha automáticamente la policía y grupos paramilitares ocupan de manera «masiva» las calles para impedir las reivindicaciones contra Ortega, que suelen acabar en violencia y detenciones.
«Creemos que no hay libertad de manifestación ni de expresión», sentenció Urrejola, que lamentó los ataques la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación.
Desde que comenzó la crisis, la CIDH ha documentado ataques, entre otros, a La Prensa, El Confidencial, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y 100% Noticias, cuya jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, y director, Miguel Mora, fueron arrestados en diciembre y acusados de «conspiración para cometer actos terroristas».
Preguntada sobre qué ha mejorado en este año, Urrejola mencionó la excarcelación de 248 manifestantes opositores en el contexto del diálogo que comenzó el 27 de febrero entre el Ejecutivo de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un proceso suspendido desde el 3 de abril.
Urrejola consideró que esas liberaciones son «un avance importante», pero recordó que la CIDH ha expresado preocupación sobre «la falta de transparencia de esas excarcelaciones y el hecho de que las personas no son completamente liberadas», pues pasan de estar en prisión a un régimen de arresto domiciliario o similares.
«La liberación propiamente como tal ha sido mediante un acto unilateral del Gobierno, nosotros hemos llamado la atención sobre la importancia y la urgencia de que esas liberaciones se hagan bajo protocolos determinados», dijo Urrejola.
Al respecto, aseveró que las excarcelaciones deben ser vigiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), lo que no ha ocurrido hasta ahora, aunque fue acordado en el diálogo.
De acuerdo con cifras que la sociedad civil nicaragüense entregó a la Comisión, unos 800 manifestantes han sido detenidos y enjuiciados, de los cuales, al menos 500 continúan privados de libertad a un año de las protestas.
Además, la comisionada destacó que la CIDH ha recibido denuncias sobre agresiones a las personas privadas de libertad: desde prohibiciones de visitas hasta falta de atención médica pasando por su internamiento «por periodos indeterminados» en calabozos de castigo, como «El Infiernillo», conocido por su altas temperaturas.
La CIDH ha desempeñado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que sigue documentando desde Washington las violaciones de los derechos humanos, y a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ese grupo investigó los hechos violentos ocurridos desde el inicio de la crisis hasta el 30 de mayo de 2018 y, en un informe, denunció que el Gobierno de Ortega había cometido crímenes de lesa humanidad.
Urrejola, que hace un trabajo técnico dentro de la CIDH, no quiso posicionarse sobre la suspensión del diálogo ni el papel que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha jugado como testigo, pero pidió que «cualquier salida a la crisis en Nicaragua sea pacífica y democrática».
«Nuestro papel -reflexionó- es prestar asistencia técnica para que Nicaragua pueda alcanzar memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los terribles hechos ocurridos. Para eso, eso es importante que las voces de las víctimas sean escuchadas».
