Tegucigalpa – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) emitieron un comunicado donde condenan el asesinato del defensor ambiental Juan López e instan al Estado de Honduras a investigar los hechos de manera pronta y diligente, considerando su labor en la defensa de los derechos humanos como posible móvil del crimen.
La CIDH refiere que López, quien fue asesinado la noche del 14 de septiembre en Tocoa, Colón, era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por esta comisión en 2023, ya que había sido objeto de amenazas de muerte, seguimientos, hostigamientos y otros actos de violencia debido a su labor en defensa del medio ambiente.
La CIDH recuerda que estas medidas también protegen a otros integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al cual pertenecía el defensor ambiental.
“La CIDH y RESDESCA expresan su preocupación por el contexto de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular aquéllas que luchan por la protección del medio ambiente, la tierra y el territorio”, cita el pronunciamiento del ente de derechos humanos que recuerda que en 2023 expresó su condena al asesinato de otras cinco personas defensoras ambientales, cuatro de los cuales ocurrieron en el departamento de Colón.
La Comisión y REDESCA también informaron que toman nota del rechazo público expresado por la Presidenta de la República de Honduras contra el asesinato y reiteran la necesidad de una investigación diligente que lleve al enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales del crimen.
“Es fundamental que se considere la actividad de la víctima como líder y defensor del ambiente, la tierra y el territorio dentro de las líneas de investigación”, exhorta la CIDH al enfatizar que los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos generan un efecto multiplicador que va más allá del daño individual; ya que, al ser cometidos en represalia por su labor, causan un efecto intimidatorio sobre quienes defienden causas similares.
La CIDH y REDESCA exhortan en el comunicado al Estado hondureño a cumplir plenamente con las medidas cautelares, otorgadas en favor de integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, a fin de proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, así como de otras personas defensoras que pudieran estar en riesgo.
La Comisión y REDESCA, también instaron al Estado hondureño a avanzar en la implementación de las recomendaciones del informe de país, las cuales incluyen asegurar el correcto funcionamiento del mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadoras sociales y operadoras de justicia.
“La Comisión reitera su disposición a brindar asistencia y cooperación técnica para enfrentar los desafíos identificados y cumplir con las obligaciones internacionales del país. El Estado enfatizó su apertura para colaborar con la CIDH a fin de mejorar la situación de derechos humanos en el país, y su disposición de implementar estas recomendaciones”, indica la nota.
