Denver (CO) – Las personas de color deben unirse en coaliciones solidarias para enfrentar la contaminación en sus comunidades, que tienen más probabilidades de ubicarse cerca de refinerías, fábricas y hasta zonas de desperdicios radioactivos, dijo a EFE la científica Emma Galofré García.
Para combatir el desproporcionado impacto de la contaminación ambiental en estas áreas, los esfuerzos individuales resultan insuficientes, sostuvo la especialista, que cuenta con títulos en Oceanografía y en Estudios Ambientales.
Precisó que no se trata solamente de “limitar la contaminación” sino también de “mejorar la situación de las comunidades que se encuentran en el frente de batalla del cambio climático”, es decir afroamericanos, indígenas y personas de color (Bipoc).
“El bienestar de nuestras comunidades está directamente relacionado con el medioambiente, sea que se trate de seguridad laboral para quienes trabajan principalmente al aire libre, de tener aire limpio para respirar y agua limpia para beber, o de mantener conexiones culturales con la tierra y el medioambiente”, expuso.
“Lamentablemente, los latinos y Bipoc se ven afectados de manera desproporcionada por la injusticia ambiental debido a la opresión sistemática y a sus estrechos vínculos con la tierra”, agregó la también estudiante de doctorado en Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado en Boulder.
Galofré se dedica desde hace años a proyectos relativos a la vida silvestre y el medioambiente, incluyendo su participación en actividades de Latino Outdoors Colorado, que facilita el acceso de latinos a sitios al aire libre en el estado.
Tanto por su trabajo y estudios como por su “avidez al aire libre”, Galofré se enfrenta a diario “con la contaminación y los devastadores efectos del cambio climático”.
“La salud del medioambiente es importante. Todavía no puedo entender cómo continuamos destruyéndolo sin tener en cuenta las consecuencias para la salud humana”, comentó, y sostuvo que la situación continuará hasta que “se construyan coaliciones solidarias de comunidades con problemas en común”.
Esas coaliciones deben ser “culturalmente competentes”, es decir entender que distintas comunidades reciben y procesan información de distintas maneras, sea por cuestiones de idioma, vocabulario, preferencia de medios de comunicación u otros factores sociales.
“Los derechos de los trabajadores, la atención médica, la equidad de género y los derechos humanos están todos conectados con la salud ambiental y el acceso. Apoyar nuestro bienestar en una comunidad es apoyar el bienestar de todas las comunidades”, declaró.
“También respaldo entablar relaciones intencionales con las personas de su comunidad, animando a aquellos cuyas voces son más marginadas y participando y facilitando sistemas de ayuda mutua dentro de cada comunidad”, agregó.
Sin embargo, el vocabulario científico usado es un obstáculo por ser “tan técnico, (ya que) perpetúa las barreras de acceso a recursos para responder a las injusticias ambientales”.
“No podemos cambiar de la noche a la mañana la forma en que los científicos se comunican o cómo realizan sus informes, por lo que yo recomendaría encontrar organizaciones de base y líderes que apoyen a nuestras comunidades y estén familiarizados con temas medioambientales para ayudar a romper esas barreras de comunicación”, propuso.
Esa comunicación debe incluir explicaciones sobre cómo la contaminación se relaciona con el acceso a vivienda, que en numerosas jurisdicciones se rige por leyes y ordenanzas que hacen que los latinos sólo consigan comprar viviendas en lugares contaminados.
Por ejemplo, en Gran Junction (oeste de Colorado), unas 5.000 familias hispanas compraron a mediados del siglo pasado viviendas que, sin que ellos lo supiesen, habían sido construidas sobre un depósito de materiales radioactivos acumulados durante la Segunda Guerra Mundial. El tema sólo se hizo público en 1971 cuando el Departamento de Salud Pública de Colorado encontró uranio no procesado en ese vecindario.
En Greeley, la Academia Bella Romero de Tecnología Aplicada, con 100 estudiantes, 90 % de ellos hispanos, está en una zona donde desde hace años operan hasta 24 pozos petroleros a pocos centenares de metros del centro educativo. Sin embargo, las autoridades educativas locales decidieron en 2022 dejar de monitorear el aire.
Los barrios latinos en el norte de Denver se ven afectados por la Refinería Suncor, que cuando fue fundada en la década de 1930 estaba alejada de zonas habitadas.
Durante los últimos dos años, la entrada en vigor de nuevas leyes estatales y federales, así como la adopción de nuevas tecnologías, ha reducido notablemente la contaminación del aire alrededor de la refinería, pero aun así sigue habiendo periódicamente “exceso de emisiones” de tóxicos a la atmósfera.
“Se deben implementar cambios sistémicos más grandes para que no recaiga en el individuo asegurarse de que el aire que respira no esté envenenado”, expresó Galofré.
En noviembre pasado la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) propuso “actualizar, fortalecer y expandir” las leyes vigentes de protección ambiental que regulan las operaciones de extracción de petróleo y gas natural.
Tras una serie de consultas públicas en enero y febrero, se espera una decisión en los próximos meses.
