Nairobi – Cientos de miles de desplazados en la región de Tigré sobreviven con comida insuficiente, en refugios precarios y sin acceso a la atención médica adecuada, denunció un informe oficial publicado casi tres años después de la firma del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil que devastó esa región del norte de Etiopía entre los meses de noviembre de 2020 y 2022.
«Incluso después del desplazamiento, los desplazados internos fueron sometidos a actos de violencia y a la falta de ayuda humanitaria», denunció en un informe, que recogen medios locales este jueves, la Comisión de Investigación sobre el Genocidio de Tigré, creada por las autoridades regionales en mayo de 2022.
Más de 760.000 personas permanecen desplazadas en Tigré desde la guerra, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El estudio, realizado con las respuestas de más de 5.000 personas en 92 campos de desplazados de Tigré, señala que muchos de estos desplazados «siguen viviendo en refugios improvisados, edificios abandonados y recintos escolares superpoblados».
Además, «se enfrentan al deterioro de sus condiciones, sin alimentos ni servicios médicos adecuados, ni esperanza alguna de retorno, recuperación o justicia».
La Comisión concluyó que el desplazamiento había sido forzado por el Ejército de Etiopía, las Fuerzas Armadas de la vecina Eritrea y las fuerzas de la región etíope también norteña de Amhara, que participaron en el conflicto apoyando al Gobierno federal, enfrentado a los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido entonces en el poder regional.
Los investigadores acusaron a esas fuerzas de perpetrar «graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos selectivos, violencia sexual masiva -incluida la inserción de elementos extraños en las vaginas de las víctimas-, torturas, hambruna, desapariciones forzadas y tratos inhumanos».
La Comisión registró entre los desplazados las identidades de casi 1.750 víctimas de asesinato, 915 víctimas de desapariciones forzadas y cerca de 1.700 víctimas de heridas físicas, lo que «refleja la extrema vulnerabilidad de los desplazados internos a violaciones graves de derechos humanos».
Además de la inseguridad, «la ayuda alimentaria proporcionada fue irregular e incompatible con los estándares humanitarios».
El informe apunta a una «catástrofe humanitaria arraigada en el desplazamiento por motivos étnicos y la negligencia sistémica».
La guerra de Tigré empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.
Tras dos años de conflicto, ambas partes firmaron en noviembre de 2022 en Sudáfrica un acuerdo de paz auspiciado por la Unión Africana (UA), que permitió la entrada progresiva de ayuda a la región norteña, donde la ONU había denunciado un «bloqueo humanitario de facto» durante la guerra.
Al menos 600.000 personas murieron en el conflicto, según el mediador de la UA en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE
