Tegucigalpa – El gobierno de Donald Trump propulsó el año pasado una política orientada a frenar la inmigración legal a Estados Unidos y a fortalecer las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional en el cumplimiento de las leyes de inmigración, según publica este viernes el periódico El Nuevo Herald de Miami.
Señala que el resultado concreto, entre otras medidas, fue la elaboración de protocolos y normativas por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que afectan directamente a los inmigrantes legales en Estados Unidos y no solo en el aspecto punitivo.
También se esbozaron políticas internas que ayudan a los ciudadanos extranjeros a obtener beneficios migratorios como la residencia permanente.
En la versión digital del periódico se resumen cinco cambios en las leyes de inmigración en Estados Unidos que impactarán las vidas de los inmigrantes en 2019.
La primera de esas leyes son las nuevas guías sobre deportaciones, uprotocolo relacionado con la emisión de citatorios o notificaciones de comparecencia (Notice to Appear o NTA), que amplía la lista de motivos por los que una persona puede ser llamada a presentarse ante un juez de inmigración para iniciar su proceso de deportación.
La normativa contempla deportar a inmigrantes legales si infringen las normas de los programas federales y estatales relacionados “con la recepción de prestaciones sociales”, si cometen fraude, actividad criminal o cuando a un solicitante se le niega un beneficio migratorio y, consecuentemente, pierde su estatus para permanecer en territorio estadounidense.
La segunda ley es la negación de solicitudes sin emitir advertencias, una normativa proporciona a los adjudicadores de USCIS una autoridad más amplia para emitir denegaciones de solicitudes de beneficios migratorios como las green cards o renovaciones de visas sin tener que emitir previamente los acostumbrados avisos de Solicitud de Evidencia (RFE) o Notificación de Intención de Denegación (NOID).
Los funcionarios tienen la discreción de negar las peticiones sin necesidad de enviar dichos documentos que daban a los inmigrantes la oportunidad de intervenir si sus solicitudes estaban incompletas o contenían errores antes de que se tomara una decisión final sobre sus casos. Por lo tanto, la agencia migratoria podría negar una petición y proceder directamente a la deportación.
La tercera ley son los cambios en el examen médico para la residencia donde una actualización del manual de políticas afecta el examen médico y de vacunación mediante el cual se determina si el aspirante al estatus de residente permanente legal es admisible o no bajo criterios de salud pública.
La nueva disposición maximiza la validez del Formulario I-693, donde se adjuntan los resultados de la prueba, al establecer que sea firmado por un médico autorizado como máximo dos meses antes de la fecha de presentación de la solicitud.
Una cuarta ley enumerada por El Miami Herald consiste en demostrar residencia común con cónyuge para la ciudadanía. Una regla para inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses exige que la pareja demuestre residencia común, en unión marital, durante al menos tres años antes de presentar la solicitud de naturalización del cónyuge extranjero basada en el matrimonio.
La terminación del matrimonio previo a la entrevista con un funcionario de USCIS haría inelegible al solicitante para obtener la ciudadanía mediante este proceso.
Y la quinta ley es la exención a la entrevista para la green card por matrimonio donde un memorando de políticas proporciona guías a los funcionarios de Inmigración sobre cuándo considerar una exención al requisito de la entrevista que se realiza para cancelar el estatus de residente condicional del cónyuge extranjero dos años después del matrimonio con un ciudadano americano.
Los adjudicadores de USCIS ahora pueden eximir este requisito, que suele poner ansiosa a la pareja, si tienen evidencia suficiente sobre la buena fe del matrimonio, entre otros motivos.
