El joven fue detenido en primer lugar bajo al sospecha de conducir su automóvil bajo la influencia del alcohol, un cargo del que luego se declaró culpable. EFE/Gastón de Cárdenas/Archivo

Los Ángeles – La ciudad californiana de Laguna Beach deberá pagar 18.750 dólares a Edgar Torres, un joven amparado por el programa de Acción Diferida (DACA) que fue retenido por la Policía local para esperar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Así lo anunció este miércoles en un comunicado la Universidad de California de Irvine (UCI), uno de los representantes legales del joven en este caso de vulneración de derechos de los migrantes.

De acuerdo a esa institución académica, Torres fue retenido «indebidamente» en junio de 2018 por la Policía de Laguna Beach durante 15 horas en espera de los agentes del ICE, situación que viola una ley estatal de California que restringe la cooperación de las autoridades locales con las autoridades migratorias.

«Estamos muy contentos de que Edgar pueda cerrar este capítulo de su vida. La Policía de Laguna Beach no debería haber estado ayudando a ICE a deportar a los beneficiarios de DACA», señaló Annie Lai, directora del Programa de Derechos de los Inmigrantes de la UCI.

Como consecuencia del daño causado, la ciudad de Laguna Beach ha acordado pagar 18.750 dólares a Torres, actual estudiante de la Universidad Orange Coast de Costa Mesa, también en California.

“Cuando el policía me dijo que no iba a poder volver a casa, sentí miedo. También me sentí traicionado. Asumo la responsabilidad de las acciones que llevaron a mi arresto, pero no merecía que me trataran de manera diferente a otros residentes que confiaban en las autoridades», destacó Torres en ese comunicado.

El joven fue detenido en primer lugar bajo al sospecha de conducir su automóvil bajo la influencia del alcohol, un cargo del que luego se declaró culpable.

Sin embargo, la defensa, de la qué también formó parte la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), alegó que retenerlo para esperar a las autoridades migratorias vulneró la ley estatal ya mencionada y su derecho al debido proceso.