Chicago (IL) – La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se espera que comunique este mes de junio una decisión que afectará las vidas de unos 650.000 jóvenes indocumentados amparados de la deportación por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El fallo de los nueve jueces sobre el fin o permanencia de la protección dispuesta en junio de 2012 por una orden ejecutiva del presidente Barack Obama puede ser divulgado en cualquier momento antes de que acabe este mes.
A la espera de conocer el desenlace de la batalla judicial iniciada hace dos años, tanto los jóvenes como los grupos que los apoyan confían en que el tribunal no le dé la razón al presidente Donald Trump, quien desde septiembre de 2017 ha tratado de poner fin al programa, pero que hasta ahora ha sido frenado en varias cortes federales.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO Las cifras más recientes de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) indican que los beneficiarios activos de DACA son un poco más de 649.000, comparado con los 825.000 que fueron aprobados desde el comienzo del programa.
Según la abogada Verónica García, del Immigrant Legal Resource Center, la cantidad se redujo porque algunos de los jóvenes indocumentados lograron legalizar su estatus, otros decidieron no renovar el permiso que tiene una duración de dos años o dejaron de ser elegibles.
El 80 % de los protegidos por DACA nacieron en México, casi el 9 % proceden de Centroamérica y su edad promedio es 26 años.
California es el estado con mayor cantidad de beneficiados, con 185.880, seguido de Texas (107.020); Illinois (34.150); Nueva York (28.560) y Florida (25.090), según la información de USCIS.
Según un estudio del Center for American Progress, unos 56.000 jóvenes han comprado casas y pagan hipotecas, y los hogares DACA contribuyen anualmente con 5.600 millones de dólares en impuestos federales y 3.100 millones de impuestos locales y estatales.
POR QUÉ LLEGÓ AL SUPREMO El 5 de septiembre de 2017, Trump anunció que pondría fin al programa en un plazo de seis meses, y fue entonces que varios estados, universidades, individuos y grupos defensores de los inmigrantes impugnaron en las cortes la decisión presidencial.
Las demandas argumentaron en general que el Gobierno violó el debido proceso de los jóvenes con una decisión «arbitraria y caprichosa» que no ofrecía razones válidas.
A su vez, Texas y otros nueve estados apoyaron a Trump en una demanda que pidió a la corte en Texas que declarara ilegal el programa DACA.
En 2018, tres jueces federales otorgaron amparos que bloquearon temporalmente el fin del programa, lo que ha permitido la renovación de los permisos, pero no se reciben nuevos postulantes.
Finalmente, en junio de 2019 el Supremo Tribunal accedió a considerar el caso. En noviembre escuchó los argumentos a favor y en contra, hasta llegar ahora al momento del fallo.
QUÉ DEBE DECIDIR EL SUPREMO Según el National Immigration Center, los magistrados deben decidir si las cortes federales tienen autoridad legal para intervenir en la decisión de Trump, y en caso de que el fallo sea contrario, las impugnaciones no serían válidas.
En ese caso, el gobierno quedaría con las manos libres para implementar su decisión de poner fin al programa y determinar cómo lo hará y en qué plazos.
Sin embargo, el Supremo también podría decidir que la forma en la que el Gobierno canceló DACA fue ilegal, pero según el centro, si bien esto puede considerarse una victoria para los jóvenes indocumentados, todo dependerá de lo que diga el fallo.
Y todo porque el Gobierno podría potencialmente tratar un camino diferente para anular la protección, con base en un razonamiento legal diferente.
TODAVÍA SE PUEDE RENOVAR Aunque USCIS no admite nuevas solicitudes, la National Immigration Law Center (NILC) recuerda que todavía se puede renovar los amparos ya existentes mientras no haya una decisión por parte del Supremo.
USCIS se vio obligado a tramitar renovaciones de dos años de duración después de recibir una orden en ese sentido de una corte de distrito de California en enero de 2018.
NILC recomienda renovar DACA cuanto antes mientras haya tiempo y hacerlo tras consultar con un abogado de inmigración o un representante acreditado por la Junta de Apelaciones de Inmigración.
DUDAS SOBRE CUÁL SERÁ LA DECISIÓN Verónica García dice que están «preparados para actuar en todos los escenarios» y confía en que la decisión del Alto Tribunal contenga directrices al Gobierno sobre los próximos pasos a dar, en particular para que se respete la vigencia de los permisos renovados.
Kareli Hernández, de la organización Fwd.us, dijo a Efe que espera que el Supremo no le haga el «trabajo sucio» a Trump y que, en su opinión, no se discute la constitucionalidad de la orden de Obama, que según Trump excedió sus potestades presidenciales, sino la legalidad de los métodos utilizados por la actual Administración para eliminar DACA, sin considerar las consecuencias.
CORONAVIRUS Según el centro New American Economy, 280.000 inmigrantes indocumentados trabajan en la atención médica, incluidos 62.600 que son elegibles para DACA.
A ellos se suman otros miles de trabajadores considerados «esenciales» por estar en primera línea de combate contra el coronavirus en áreas como la alimentación, transporte, farmacias, investigación o limpieza.
Este esfuerzo es visto como un elemento que puede jugar en favor de los «soñadores» ahora que la decisión del Supremo se aproxima y EE.UU. sufre todavía los efectos de la pandemia y un fallo en su contra sería vista como una pérdida para el país.
