Nueva York – Una coalición de organizaciones e inmigrantes en Nueva York apeló la decisión de la Corte Suprema del estado que bloqueó la puesta en marcha de la ley que permitiría votar en las elecciones municipales a cerca de un millón de residentes legales (con «tarjeta verde») y a poseedores de permisos de trabajo o TPS.

La coalición Nuestra Ciudad, Nuestro Voto hizo el anuncio en una conferencia de prensa en las escalinatas de la Alcaldía, donde en diciembre del 2021 -y tras 12 años de lucha- el Consejo Municipal de mayoría demócrata aprobó la Ley local 11 con la que Nueva York se sumó a catorce jurisdicciones, en su mayoría en Maryland, que dan este derecho a sus residentes legales .

El entonces alcalde Bill de Blasio y su sucesor Eric Adams, ambos demócratas, se negaron a firmarla por lo que fue adoptada por el Consejo pero nunca entró en vigor porque fue impugnada en enero del 2023 por un grupo de republicanos.

El pasado mes de febrero, la división de apelaciones de la Corte Suprema del estado emitió su decisión calificando la jurisdicción de inconstitucional y que violaba la ley electoral del estado y la municipal.

«Nuestra comunidad de inmigrantes es la columna vertebral de nuestra ciudad. Sin embargo, no tienen voz y voto en los asuntos del gobierno local que afectan su vida cotidiana», indicó el abogado César Ruiz, de LatinoJustice PRLDEF que el pasado viernes impugnó la decisión del Supremo ante el Tribunal de Apelaciones del estado, el más alto foro judicial en Nueva York.

Los defensores de la medida argumentan que estas personas, que están a un paso de convertirse en ciudadanos, pagan impuestos y aportan a las ciudades donde viven.

Cuando fue aprobada la Ley 11, beneficiaba a cerca de un millón de neoyorquinos: 589.000 poseedores del permiso de residencia (Green Card), unos 300.000 con permisos de trabajo o Estatus de Protección Temporal (TPS), y los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como «soñadores».

Entre los argumentos que expusieron los republicanos al impugnar la Ley 11 figura que esos 800.000 potenciales votantes podrían representar potencialmente el 15% o más del electorado en futuros comicios, que es mayor que el margen de victoria en muchas elecciones municipales.

Aseguraron al tribunal que eso aumentaría dramáticamente el grupo de votantes cualificados para votar, lo que “diluirá los votos de los ciudadanos estadounidenses”, incluidos los demandantes.

En un documento,LatinoJustice afirmó que los demandantes «no plantearon ningún reclamo de ser tratados de manera diferente que los no ciudadanos» y que no establecieron «un daño reconocible» entre sus planteamientos. EFE