Tegucigalpa – El Relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, estará en el país desde este martes 20 de agosto al jueves 23, en una gira de tipo académico que le permitirá, extraoficialmente, conocer y tomar el pulso a la situación de la libertad de expresión, desde la vigencia de un nuevo Código Penal previsto para entrar en noviembre.
Igualmente conocerá los casos de riesgos que enfrenta el periodismo en situación de conflictividad como la que vive Honduras.
El relator de la libertad de expresión, en una serie de jornadas académicas tomará el pulso a la situación de país, en donde la mayoría de las amenazas están ligadas a denuncias vinculadas a corrupción o crimen organizado, dos figuras delictivas que desde inicios del año dos mil han marcado las amenazas a la libertad de expresión, aparte de las figuras legales existentes y por venir.
El relator Edison Lanza, es invitado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y uno de sus propósitos es dar charlas magistrales de cómo el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información avanzan a la luz de la doctrina interamericana, los atascos que se vislumbran y la importancia del periodismo y el periodismo de investigación en el fortalecimiento de las democracias.
El relator Edison Lanza.Una de las preocupaciones que ha expresado esta instancia de la OEA, que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la entrada en vigor del nuevo Código Penal, previsto para ser puesto en marcha en el mes de noviembre próximo.
Honduras es considerada un país de alto riesgo para ejercer el periodismo y en las diversas escalas de clasificación de la libertad de expresión, el país no sale del túnel de riesgo a nivel latinoamericano. Es, abajo de México y Guatemala, una de las naciones de riesgo para el periodismo y para la libertad de expresión. Otro país que se ha sumado a ese terreno pantanoso es Nicaragua.
Más de una treintena de periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación social han sido asesinados en los últimos 20 años. La mayoría de esos crímenes continúan impunes y cada año esa mancha sale en los reportes de país de los distintos foros internacionales o informes de libertad de expresión de los entes especializados al respecto, tanto de la OEA como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), ha advertido que existen casos de amenazas, intimidaciones y otros mecanismos inhibitorios al ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo o la comunicación social. Las amenazas más frecuentes provienen de departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Colón, Copán, Choluteca y Valle.
Un código y muchas voces en contra
La entrada del nuevo Código Penal ha generado una serie de reacciones a favor y en contra. A favor se encuentran las instancias que lo promueven como el Congreso Nacional y algunos juristas que trabajaron en la elaboración de la normativa, y /o defienden casos en los tribunales de justicia.
Entre los que adversan la nueva figura, se encuentran sectores gremiales, periodistas, de derechos humanos, empresarios, instancias de sociedad civil que luchan contra la corrupción, organizaciones de mujeres y hasta la academia, entre otros.
Todos ellos se han integrado en dos plataformas, una es la Plataforma para la abrogación del Código Penal que reúne una amplia gama de representatividad social y ha empezado a socializar con foros, campañas en redes sociales y disertaciones públicas las limitaciones del nuevo código a figuras como: libertad de expresión, seguridad jurídica, derechos humanos, garantías ciudadanas, entre otros y la otra es la llamada Articulación 611—que desde un principio cuestionó el código y su elaboración–,
A estas preocupaciones se ha sumado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la misma CIDH. Todos ellos concluyen que el código, además de violentar normas de transparencia y acceso a la información en sus etapas de elaboración, discusión y aprobación, contempla figuras lesivas que constituyen un grave retroceso para las garantías individuales, jurídicas y de derechos humanos.
El último de esos estudios fue el de la privada Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) que destacó las siguientes preocupaciones: amplia discrecionalidad que el Código otorga a los jueces, cuando el actual sistema judicial dista de alcanzar los estándares de autonomía, profesionalización e idoneidad requeridos; inclusión de sanciones que conllevan a violaciones de derechos, garantías y libertades fundamentales de las personas naturales y jurídicas.
El nuevo código también genera preocupación porque contempla sanciones que pueden suponer una limitación indebida al derecho de propiedad y a las libertades de asociación y reunión, la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento.
“No vemos apropiado que, con las actuales exigencias sociales, que encuentran en el uso de las redes sociales y el internet vehículos que permiten la formación de opinión sobre asuntos públicos, se pretenda coartar la libre emisión del pensamiento por medio de la agravación de la responsabilidad, especialmente cuando son utilizados para exigir a empleados y funcionarios públicos la rendición de cuentas. Ejemplo de la agravación de la responsabilidad es el delito de calumnia con publicidad (…)”, señala en su análisis la UNITEC.
También advierte que la nueva herramienta legal profundiza la capacidad de intervenir en la vida de las personas por medio del Derecho Penal, que falta análisis operativo del efecto que tendrá para el actual sistema judicial la reducción de penas a muchos de los delitos para los que se regulan penas mayores en el Código Penal vigente; falta un análisis económico que acompañe la forma en la que se ha diseñado e incorporado la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La nueva figura legal, sostiene la academia, tiene un nivel de intervención estatal que no es propio de un Estado democrático, sino de regímenes autoritarios y/o totalitarios, al imponer un derecho penal basado en el terror y no en la certeza del castigo.
En el Congreso Nacional, la tesis que tienen es que el nuevo Código Penal es moderno, inclusivo y participativo, aducen que quienes se oponen es porque buscan favorecer a evasores del fisco, pero no han sido contundentes ante las observaciones del CNA, el OACNUDH y la CIDH, la UNITEC, ni la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, así como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que se sumó a las voces que piden la abrogación del nuevo código penal, es decir, que nunca entre en vigencia por ser lesivo a la democracia, las personas y a la seguridad jurídica.
