Tegucigalpa- La empresa privada se pronunció este miércoles en contra de las cargas tributarias que las alcaldías han impuesto, las consideró altas y que provocan el cierre de empresas.
-Indicó que las alcaldías de Santa Cruz de Yojoa y Villanueva han impuesto planes de arbitrios que están perjudicando a las empresas.
El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffi, pidió que se instalen mesas de diálogo y trabajo en las cuales participen autoridades del gobierno, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecamara), para tratar el tema del plan de arbitrios y tomar en cuenta los retos y desafíos económicos que están tomando las empresas del país.
Sikaffi indicó que son respetuosos de la autonomía que tienen las municipalidades.
Señaló que algunas municipalidades restan competitividad, ya que han venido abusando del sentido de la autonomía municipal imponiendo obligaciones tributarias en los planes de arbitrios.
El titular del Cohep dijo que los nuevos impuestos se han disfrazado de tasas municipales, mismas que han afectado la economía de familias y vulnerado derechos individuales y económicos como la propiedad privada, la libertad de empresa, de competencia y de comercio.
Arguyó que este tipo de prácticas han sido en su momento impugnadas y denunciadas ante las autoridades administrativas y judiciales competentes ya que la autonomía municipal no puede entenderse como la potestad de crear impuestos, que es una atribución exclusiva del Congreso Nacional y que ha sido usurpada por algunas municipalidades.
Sikaffy dijo que es necesario que las corporaciones municipales desarrollen procesos participativos como están plasmados en la ley para la fijación de los diferentes tributos municipales y se dialogue entre todos los sectores.
Indicó que mediante un diálogo entre la empresa privada y los gobiernos municipales se puede fomentar que los planes de arbitrios se conviertan en herramientas legales que impulsen a la microempresa, en lugar de obstaculizarla.
Agregó que con la imposición de cobros administrativos, como la extensión de permisos de operación y otros cobros, se frena el crecimiento económico de los municipios.
