Tegucigalpa – Comerciantes y amas de casas son las profesiones que más desplazados internamente por la violencia reportaron durante el 2023 en Honduras.
– Un total de 266 quejas fueron interpuestas por comerciantes y 250 por amas de casa, según estadísticas del Conadeh.
La violencia delincuencial que enfrenta este país centroamericano provocó que, en el año 2023, cerca de mil 700 personas denunciaran, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado, un fenómeno que se incrementa cada año por causas asociadas a la extorsión, las amenazas y la muerte violenta de personas.
En el 2022, el número de quejas presentadas, ante el Conadeh, por personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado sumaron mil 417, cantidad que ascendió a 1,699, en el 2023, es decir una diferencia superior a los 280 casos.
El Conadeh a través de su Unidad Especializada de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) realiza, desde el 2016, una labor preventiva de identificación de casos en riesgo de desplazamiento.
De los casi mil 700 casos de desplazamiento forzado, atendidos por el Conadeh, en el 2023, el 62 % de las personas, víctimas de esta modalidad violatoria de los derechos humanos, revelaron estar en riesgo pero que, aún no habían abandonado sus hogares, aunque su integridad y su vida está en peligro, mientras que el 38 % admitió que son personas víctimas de desplazamiento forzado.
Francisco Morazán y Cortés los más afectados
Al igual que en los años anteriores, las quejas relacionadas con el desplazamiento forzado interno de personas por violencia se concentraron mayoritariamente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
El departamento de Francisco Morazán pasó de registrar 617 quejas en el 2022 a 841 al cierre de 2023, seguido por el departamento de Cortés que de 315 quejas en el 2022 pasó a 364 un año después.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre indicó que, se han evidenciado cambios en la dinámica del desplazamiento forzado como ocurrió con el departamento de Lempira, que entre los años 2021 y el 2022 no se atendió ninguna queja pero que, sin embargo, ya en el 2023, se conocieron los primeros 7 casos.
El Conadeh también identificó a los grupos poblacionales más afectados por el desplazamiento forzado, según su profesión u oficio, reportándose un total de 266 quejas interpuestas por comerciantes y 250 por amas de casa.
Entre los principales hechos violentos que generaron desplazamiento forzado o riesgo de desplazamiento, en el 2023, figuran las amenazas, la extorsión, los asesinatos de miembros de la familia y la tentativa de homicidio.
Entre los principales perpetradores de los hechos que generaron desplazamiento fueron las maras y pandillas, personas conocidas por las víctimas, así como personas desconocidas.
Asistencia humanitaria
La Defensora del Pueblo declaró que las personas en situaciones de desplazamiento forzado y posterior a ello, continúan enfrentando una serie de desafíos que requieren de distintas formas de apoyo.
Entre estas mencionó que urgen de asistencia humanitaria como alimentación, el traslado de un lugar del país a otro y el alojamiento temporal.
A eso se suma la asistencia médica, medidas de seguridad y Protección, acceso a sus documentos de identificación personal de manera inmediata y gratuita, protección a sus bienes, acceso a la justicia, acceso a la educación para los niños y adolescentes desplazados y la reintegración familiar.
Necesidades que deberán ser satisfechas por el Estado hasta el efectivo establecimiento de soluciones duraderas para cada caso en concreto, es decir, que las personas desplazadas forzadamente, ya no necesitan de la asistencia o protección por motivo de su situación y que pueden disfrutar plenamente de sus derechos.
También hizo referencia que la nueva Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, vigente desde abril del 2023, establece medidas preventivas como el diseño de programas, planes y proyectos de prevención, la implementación de un sistema de alertas tempranas y la obligación de diseñar una Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado.
