México – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades mexicanas dar una solución a los centenares de desplazados por la violencia del sureño estado de Guerrero, que acampan ante el Palacio Nacional de Ciudad de México.
«Llama CNDH a autoridades federales y del estado de Guerrero a dar respuesta a 300 víctimas de desplazamiento forzado interno que acampan frente al Palacio Nacional. Entre ellas, 84 niños y niñas», apuntó el organismo en un boletín.
La CNDH pidió a las autoridades que de manera urgente «den respuesta» a las 300 personas en plantón frente a Palacio Nacional.
Son víctimas de desplazamiento forzado interno de las comunidades del Corredor Filo de Caballos y Casa Verde, en el municipio de Leonardo Bravo, y de Náhuatl de Tlamtempanaca, en el municipio de Zitlala.
En estas comunidades, grupos criminales pelean por el control de las rutas de drogas y cada vez más por el control de las minas, donde extorsionan a las empresas y a sus trabajadores.
Además, amenazan de muerte a familias enteras para conseguir dominar el territorio, empujando a decenas de familias a huir.
Según la CNDH, los desplazados «demandan condiciones de seguridad para volver a sus lugares de origen».
Personal de la Comisión ha brindado acompañamiento a esas personas que permanecen en Palacio Nacional desde el 17 de febrero.
Entre estos, hay aproximadamente 84 niñas y niños, mujeres y personas mayores.
«Están expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad que pueden afectar gravemente su salud y alimentación. Además, han interrumpido sus actividades cotidianas y pueden enfrentar mayores riesgos», agregó el boletín.
Visitadores adjuntos de la CNDH entrevistaron a dichas personas, quienes expresaron su necesidad de una pronta respuesta de las autoridades federales para la solución de su problema y para hacer frente a las situaciones de riesgo que enfrentan.
Desde la salida de esos pobladores de sus comunidades de origen, en noviembre de 2018, la CNDH inició una investigación de oficio y solicitó medidas cautelares a autoridades estatales y federales.
Las medidas cautelares fueron aceptadas por las autoridades, quienes informaron sobre la implementación de acciones para la protección de los habitantes de las citadas localidades, concluyó el texto.
