Tegucigalpa – La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, instó este viernes al Estado hondureño a garantizar la labor de la defensa del territorio y el medio ambiente a través de medidas encaminadas a proteger la vida e integridad física de sus defensores.
En un comunicado, Izaguirre señaló que la criminalización hacia los defensores ambientales se ha convertido «en un peligro» para ellos y sus familias por la situación de violencia que afecta al país centroamericano.
Al menos 18 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en Honduras entre 2017 y 2021, según datos del organismo de derechos humanos.
Los últimos dos ambientalistas asesinados, el día 7, son Aly Domínguez y Jairo Bonilla, en un hecho registrado en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras.
La Comisionada de Derechos Humanos condenó el asesinato de los dos ambientalistas y exigió al Estado hondureño «una investigación independiente, imparcial y exhaustiva» para esclarecer el crimen.
Domínguez era uno de los 32 ambientalistas que se oponían a un proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras, que se derivó, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, por «la ilegalidad» de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares, lo que la compañía ha rechazado en varias ocasiones.
Este proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
Izaguirre considera que el Estado de Honduras debió «adoptar medidas reforzadas para apoyar y garantizar la actividad de los señores Bonilla y Domínguez, así como proteger su vida e integridad física», ya que los defensores eran beneficiarios de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
El organismo de derechos humanos se hizo eco de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que señala «la grave situación de violencia» que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, principalmente los que defienden el ambiente, la tierra y el territorio.
En 2021, según la institución hondureña, al menos 170 defensores fueron víctimas de ataques, hostigamiento y amenazas.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la impunidad en estos casos en Honduras, país con «un problema estructural» para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.
